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El fiscal antidrogas Marcelo Pecci pidió la colaboración de su colega Celso Morales para realizar el procedimiento fiscal.
El investigador tomó esta determinación debido a que la escribana Segovia no cumplió el plazo de 48 horas que le había dado para que presente el protocolo y el acta notarial del juramento de Chicharõcito.
Además, la notaria tampoco contestó si participó de la constitución de las empresas “Lilian Mercedes SA” y “Norte Porã SA”, de los hermanos Carlos Rubén, Ardonio y Denilso Sánchez Garcete. Las firmas están en la mira por mover millonarias sumas de dinero, que serían producto del narcotráfico.
Los documentos de las dos empresas se buscaban a los efectos de cotejar también la realidad financiera. Sin embargo, en el acta del operativo al que accedimos se asentó que no fueron ubicados protocolos que consignen esos datos.
Igualmente, fueron cotejadas todas las escrituras realizadas a nombre de Carlos Sánchez, Denilso Sánchez y Ardonio Sánchez, referente a adquisición, venta o traspaso de bienes correspondiente al año 2015.
La orden
El juez penal de garantías de turno de Asunción, José Delmás, otorgó la orden de allanamiento de la escribanía y se encomendó la labor al fiscal Morales, quien realizó el procedimiento acompañado de agentes de la Senad.
La escribana Segovia fue citada a declarar por Pecci bajo apercibimiento semanas atrás, pero se abstuvo de declarar escudada en la figura del “secreto profesional”.
La notaria había negado que le haya tomado el juramento a Sánchez como intendente de Capitán Bado, el sábado 19 de diciembre, en horas de la noche, en la propia sede comunal, ante la pasividad de las autoridades policiales. Según las declaraciones del propio Denilso, el trabajo realizado por la escribana Segovia fue el corte administrativo de la Municipalidad de Capitán Bado. Este documento estaría entre los incautados ayer por Morales y su comitiva, lo cual será constatado en las próximas horas.
Los hermanos Carlos Rubén, Ardonio y Denilso Sánchez Garcete no podrían justificar millonarios bienes (inmuebles, entre otros).
Los dos primeros cumplieron seis meses con prisión preventiva (pena mínima para el delito de lavado de dinero) y ahora cuentan con arrestos domiciliarios.
Sin embargo, Denilso estuvo prófugo más de diez meses, se candidató a intendente de Capitán Bado y ganó las elecciones. Pidió un “permiso” a la Junta Municipal y desde el martes está preso en Tacumbú.