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Actualmente, hay 450 agentes de la Policía comisionados a la seguridad de los 80 diputados y 45 senadores. Es decir, cada parlamentario tiene al menos cuatro uniformados a su cargo.
El comisario Báez señaló que la mayoría de los comisionamientos son por pedido de la Fiscalía o por orden judicial, disposiciones que a su vez no pueden desacatar.
Al ser consultado sobre una eventual distribución más equitativa de los recursos policiales, el comandante respondió que la única manera de regular este tema es con una ley especial o un decreto en los que se establezcan las modalidades específicas de resguardo de las autoridades.
Báez López reconoció que una vez que estos agentes son comisionados con los parlamentarios, la Comandancia pierde totalmente el control sobre ellos, porque los efectivos pasan a depender casi con exclusividad de las autoridades a las que en teoría custodian.
En muchos casos, estos policías, antes que guardaespaldas, trabajan como secretarios, choferes y hasta cocineros de los legisladores.
Sin embargo, la mayoría de los agentes utilizados para este tipo de funciones no se quejan o prefieren seguir con dicho ritmo, debido a que no tienen que regirse por la rigurosidad de la disciplina policial y porque cobran un sobresueldo fijo.
Plenamente justificados
Por su parte, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aclaró ayer a ABC Color que cada guardia policial solicitada por su institución está plenamente justificada.
Explicó que cada una de las autoridades estatales y civiles que cuentan con custodia tienen una carpeta abierta por amenazas o peligro inminente, como las proferidas por el EPP, por ejemplo.