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La propuesta, realizada por el ministro Eugenio Jiménez, prevé que la referida oficina funcione en San Lorenzo.
“Tenemos unos números estadísticos bastante preocupantes dentro del tema de violencia doméstica en el departamento Central. Para no extenderme demasiado quiero significar que solamente en el mes de junio han habido 8.684 denuncias”, expresó Jiménez.
El ministro resaltó que la nueva oficina no significará ninguna erogación extra para el Poder Judicial, sino que ubicarán ahí a los funcionarios judiciales.
“Es una necesidad acuciante; como se sabe, para este tipo de situaciones no hay hora y el Poder Judicial debe tener las puertas abiertas para poder responder a esos requerimientos”, acotó, tras precisar que los juzgados de paz deben estar disponibles para dictar las medidas de protección a las víctimas con la urgencia que amerita el caso.
Funcionarios judiciales, en las cárceles
Por otro lado, a petición de la ministra María Carolina Llanes, la Corte resolvió realizar las gestiones necesarias para que los juzgados de ejecución penal designen a un funcionario cada uno para trabajar en los centros penitenciarios.
La función de estos funcionarios será mantener informadas a las personas privadas de libertad de la marcha de sus respectivos procesos.
Llanes precisó que con dicha determinación se dará cumplimiento a lo previsto en el Código de Ejecución Penal, artículo 19 inciso 6.
Los Juzgados de Ejecución deberán tener una oficina en los establecimientos y centros de ejecución de penas y medidas, con al menos un funcionario judicial a cargo, de manera a poder atender diligentemente los reclamos, quejas y demandas de los internos o comunicarlos al Juzgado de Ejecución correspondiente, cuando se tratase de una cuestión atinente al proceso o a los derechos de los internos o prevenidos.
Conflicto entre juezas
También ayer, la Corte por unanimidad dispuso la remisión de los antecedentes de la jueza de sentencia Nilda Giménez al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tras dos suspensiones, la jueza Giménez se reincorporó en marzo último.
Es a raíz de una nota presentada por la magistrada Alba González, respecto a la dificultad existente de coordinar la realización de juicios orales con su colega, debido a la negativa de la misma de utilizar el sistema de agendamiento informático disponible para el efecto.
La magistrada González precisa que la situación ha motivado la reiterada suspensión de varios juicios y pide la intervención de la máxima instancia judicial para evitar dilaciones innecesarias a los justiciables. La nota referida fue acompañada de otras presentaciones realizadas por otras magistradas y funcionarios, que dejan al descubierto situaciones de maltrato y otras del tipo.
El presidente de la Corte Alberto Martínez Simón precisó que dispuso una intervención a cargo del abogado Mario Elizeche.
La jueza Giménez, por su lado había denunciado a sus colegas ante la Corte y ante el Jurado y mencionó que se dejaron extinguir procesos.