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BRASILIA (AFP, EFE). “Nuestra preocupación es aclarar las mentiras que se han dicho sobre el proceso brasileño. Todo lo que está pasando aquí en el plano político, la suspensión de la presidenta, el juicio político, está previsto en la Constitución, dentro de la legalidad democrática”, dijo el flamante ministro José Serra a la televisión Globo el sábado.
“Las libertades democráticas están garantizadísimas”, subrayó el canciller.
Rousseff fue apartada del cargo por el Senado para ser juzgada por la manipulación de las cuentas públicas. Mientras dure el proceso, hasta un máximo de 180 días, el vicepresidente Michel Temer dirigirá el país en forma interina.
Varios países de América Latina se manifestaron en contra de este proceso, a los que Brasil respondió en tajantes comunicados.
Serra explicó a Globo que “el tono de las notas corresponde a las falsedades que están siendo debatidas”. “Cuanto mayor sea la falsedad, más fuerte será el tono, cuando menor, menos fuerte”, dijo.
Venezuela llamó a su embajador a consultas, igual que El Salvador, cuyo presidente, Salvador Sánchez, dijo el sábado que no reconocía a Temer y que el proceso contra Rousseff era una “manipulación política”.
La cancillería brasileña dijo que hasta ahora no recibió comunicación oficial del Gobierno salvadoreño.
Fuentes de la cancillería brasileña dijeron ayer, asimismo, que Venezuela le informó a la embajada del país en Caracas que Castellar ya estaba en la capital venezolana para otros asuntos y que no ha sido llamado a consultas por Maduro.
Serra, en sus primeros actos como canciller, emitió el viernes pasado dos duras notas en respuesta a las críticas que ha recibido la suspensión de Rousseff.
Una estuvo dirigida a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, a los que acusó de “propagar falsedades” sobre el proceso político brasileño, del que dijo que “se desarrolla en un cuadro de absoluto respeto a las instituciones democráticas y a la Constitución”.
La segunda se refirió al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien repitió el lema del gobierno de Rousseff de que el juicio político contra ella es un “golpe de Estado.