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Temer interpuso la demanda a raíz de las declaraciones de Joesley en una entrevista en junio de 2017 donde lo acusó de liderar “la organización criminal más peligrosa del país”, poco después de que Batista entregase a la justicia un audio del presidente grabado clandestinamente que puso en jaque su mandato.
Un juez civil en Brasilia consideró que los hechos narrados por Batista a la revista Época “ya eran de conocimiento público” y no utilizó adjetivos peyorativos “de naturaleza personal que revelen el deseo de ofender la honra” del presidente.
El juez condenó a Temer a pagar el 10% del valor solicitado a Batista por supuestamente ofenderlo.
Las revelaciones a la justicia de Joesley y Wesley Batista –propietarios del gigante frigorífico JBS, ambos presos– le valieron a Temer dos denuncias penales por corrupción, obstrucción a la justicia y “organización criminal” para expoliar al Estado, y que habría recibido en sobornos unos US$ 183 millones.
Las acusaciones fueron bloqueadas por su base aliada en la Cámara de Diputados antes de llegar a la justicia.