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Durante un acto público, Morales manifestó intención de “preparar una ley contra la mentira”, para sancionar “al mentiroso, sea autoridad o sean medios de comunicación”.
La propuesta de Morales, surgió pocos después de acusar a la oposición y a medios de comunicación de difundir mentiras para desacreditar a su Gobierno.
Desde 2016, la SIP viene denunciando que el Gobierno de Bolivia califica de “cártel de la mentira” y “terroristas mediáticos” a periodistas y emisoras de radio independientes que realizan investigación periodística.
El presidente Morales ha declarado a la prensa como su “enemigo número uno”, agregó la SIP.