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El proyecto de Ley 52, titulado “Ley sobre el final de su vida útil”, fue presentado por la ministra de Servicios Sociales, Véronique Hivon, tras las deliberaciones de una comisión especial en 2011 y 2012, y será debatido en el Parlamento de Quebec en los próximos meses.
“Los quebequeses desean ser acompañados en el final de la vida, para prevenir y aliviar su sufrimiento”, dijo la ministra durante una rueda de prensa, señalando que la ley busca permitir a los pacientes afectados “vivir la última etapa de la vida de la manera más serena y coherente posible según su voluntad”.
De hecho, el texto distingue claramente dos situaciones. Por un lado, “la atención al final de la vida”, que permite acompañar paulatinamente a un paciente disminuyendo su alimentación. Por otro, “la muerte médicamente asistida”, que supone la administración médica de los fármacos que pongan “fin al sufrimiento de la persona” que haya hecho la solicitud, dijo Hivon.
“Solo una persona al final de la vida que exprese una petición libremente” puede acceder a estos servicios médicos, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios, explicó la ministra.
El paciente deberá ser mayor de edad, con “capacidad para consentir”, “afectado por una enfermedad grave e incurable” y con una experiencia “constante de sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones tolerables”, agregó.
La ley penal canadiense considera ilegal el suicidio asistido, por lo que una directiva gubernamental será enviada a los jueces de Quebec para que no se inicien procesos en estos casos. Esto es posible gracias al estatuto jurídico especial de la provincia.