LIMA (EFE). El presidente de Perú, Martín Vizcarra, promulgó la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el nuevo organismo que se encargará de la elección, supervisión y destitución de jueces y fiscales en el país.
La Junta Nacional de Justicia será la nueva denominación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), un órgano independiente encargado de nombrar, reemplazar o cesar a jueces y fiscales.
Los anteriores integrantes del CNM fueron destituidos y están bajo investigación por presunta integración de una red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que participaban magistrados, políticos y empresarios.
La nueva JNJ tendrá igualmente siete miembros, pero estos serán elegidos por concurso público, en un proceso a cargo de una comisión que presidirá el defensor del Pueblo y donde también estarán los presidentes del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y el Fiscal General.
El gobernante dijo que la promulgación de esta ley es un “acto trascendente” para su país, porque fue producto de una consulta ciudadana que se llevó a referéndum el pasado 9 de diciembre, cuando fue aprobada por más del 80% de los ciudadanos.
La ley, que fue aprobada el pasado 1 de febrero por el Congreso, establece la estructura, el funcionamiento y las competencias de la JNJ, que será un organismo autónomo con presupuesto propio, así como de la comisión especial que se encargará de seleccionar a sus siete miembros titulares.
También establece los requisitos para el nombramiento de los jueces y fiscales y del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
A pesar de que reconoció que esta ley es un “paso fundamental ” para lograr la reforma de la Judicatura, Vizcarra afirmó que el Congreso, liderado por el partido fujimorista Fuerza Popular, modificó la propuesta inicial del Ejecutivo y excluyó temas como la paridad de género y la posibilidad de levantar el secreto bancario a los candidatos a la JNJ.
Audios
Los casos de corrupción escandalizaron al país luego de que en audios filtrados a un medio de comunicación se escuchara a magistrados negociar sentencias de delitos graves.
Las serie de escuchas telefónicas revelaron una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la judicatura, que incluye a altos magistrados, empresarios y políticos.
Los audios le costaron el cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, protagonista de un audio, y a cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao que pedían sobornos de al menos US$ 10.000 a cambio de favorecer el nombramiento de un fiscal. También fueron afectados miembros de la Magistratura.
Hartos de la corrupción
Perú enfrentó un 2018 de grandes turbulencias políticas y escándalos de corrupción. Hartos, los peruanos votaron en diciembre pasado en un referendo la introducción en su Constitución de reformas políticas y judiciales, entre ellas la no reelección de legisladores, la penalización de la financiación ilícita de campaña electoral y un nuevo sistema de elección más transparente para miembros del Consejo de la Magistratura.