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CIUDAD DE MÉXICO (ANSA). Hilda Legideño y Bernabé Abraján, en representación de los padres de familia de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, irán acompañados de un equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una ONG que los asesora.
Los padres señalaron que pedirán al Gobierno mexicano que no cierre el caso y que la Procuraduría General de la República redoble los esfuerzos en la búsqueda de sus hijos. Los jóvenes fueron detenidos y atacados a balazos por policías municipales cuando llegaban el 26 de septiembre pasado a la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, para supuesta mente recaudar fondos para viajar a una protesta el 2 de octubre por la Matanza de Tlatelolco, cometida en 1968.
Según la fiscalía, los jóvenes fueron entregados luego a la banda armada Guerreros Unidos, que creyó que entre ellos había al menos dos miembros del grupo enemigo Los Rojos. Los integrantes de la banda los asesinaron a todos, quemaron sus cuerpos y los arrojaron a un río en la vecina localidad de Cocula.