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La delegación del Gobierno acudió el viernes al campus del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), al sur de la capital, donde se desarrolla la mesa de negociación, pese a que la alianza opositora anunció oficialmente su retirada el lunes pasado.
El tema de los llamados “presos políticos” se ha convertido en un punto de fricción en las negociaciones, que comenzaron en febrero y se suspendieron el 3 de abril.
Nicaragua afronta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha causado 325 muertos desde abril del año pasado. Otros organismos cifran en 593 los fallecidos, mientras que el régimen de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
La CIDH cuenta al menos 809 “presos políticos”, más del doble de los que reconoce el Gobierno de Ortega, que los denomina “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.
La Alianza Cívica anunció el pasado el lunes su retirada de la mesa de diálogo, entre otras razones, por el “asesinato” del nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, un opositor al régimen que el jueves de la semana pasada falleció al recibir un disparo de un guardia en una cárcel.
También “por la nula voluntad política de cumplimiento por parte del Gobierno” de los acuerdos suscritos en materia de la liberación de opositores y el respeto a los derechos y garantías ciudadanas.