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RÍO DE JANEIRO (EFE). El expresidente brasileño se entregó al fin a la Policía 48 horas después de que un juez ordenara su detención y se encuentra en Curitiba, donde purgará la condena en una celda especial y aislada de los demás presos.
Además del juicio en que fue condenado, Lula fue imputado en otros seis casos y es investigado en otros dos.
En el caso que lo mandó a la cárcel, la Justicia dio por probado que Lula favoreció a la constructora OAS en contratos con Petrobras y que la empresa lo recompensó con un lujoso apartamento en un balneario del estado de São Paulo, constituyendo un soborno por valor de unos 2,4 millones de reales (unos 730.000 dólares), en ese caso.
En otro proceso Lula también está acusado de corrupción y lavado de dinero por las obras que constructoras favorecidas en contratos de Petrobras hicieron en una casa de campo frecuentada por la familia de Lula en la ciudad de Atibaia.
El mismo juez instruye un tercer proceso, en el que el expresidente fue acusado de haber recibido de la constructora Odebrecht, también beneficiada de los desvíos en Petrobras, un terreno en la ciudad de São Paulo en el que erguiría la sede del Instituto Lula.
Otros cuatro procesos en los que Lula igualmente fue imputado están en las manos del juzgado décimo federal de Brasilia.
En uno fue acusado de haber intentado comprar el silencio de Néstor Cerveró, un ex alto funcionario de Petrobras que está preso por su responsabilidad en el escándalo, para que no lo implicara en las corruptelas.
En otro fue imputado por presuntamente facilitar la financiación de obras de Odebrecht en Angola a través del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
En el tercero se le acusó de recibir sobornos, mediante un supuesto contrato por 2,5 millones de reales (unos 757.000 dólares) que benefició a la empresa de unos de sus hijos, a cambio de prorrogar un decreto que concedía incentivos fiscales a fabricantes de vehículos.
Y en el último fue imputado por haber favorecido a la empresa aeronáutica sueca Saab en un billonario contrato para la adquisición de 36 cazabombarderos para la Fuerza Aérea Brasileña.
La Fiscalía investiga otras dos denuncias contra el expresidente que igualmente pueden convertirse en nuevos procesos, en una de las cuales es acusado de liderar la organización criminal montada por el Partido de los Trabajadores (PT) para beneficiarse de contratos públicos.
En la otra investigación se le acusó de obstrucción a la justicia por la presunta presión que hizo para que la entonces presidenta Dilma Rousseff, su ahijada política, lo nombrara como ministro de la Presidencia en un intento de obtener el fuero privilegiado y transferir todos sus procesos a la Corte Suprema, en donde los trámites son más lentos.