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El gobernante Nicolás Maduro había amenazado con confiscar todos los negocios que se sumaran a la huelga, convocada como una medida de crítica hacia su gobierno, que ha bloqueado la celebración de un referendo revocatorio de su mandato.
Más de 1.000 empresas fueron inspeccionadas por autoridades chavistas y miembros de la Fuerza Armada, cuyo alto mando había declarado esta semana “lealtad incondicional” al gobernante.
Por su parte, Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, dijo que deberían ser llevados “presos” los directivos de la organización empresarial Fedecámaras, a los que acusó de fraguar un “golpe de Estado”, como insiste el Gobierno en llamar a cualquier acto de protesta en cu contra.
Agentes de inteligencia rodearon una fábrica y la residencia del mayor empresario del país.
“La situación está muy difícil como para no trabajar. La gente no compra juguetes, todo se va en comida”, dijo Alicia de Garcés, de 74 años, dueña de una juguetería de Caracas.
Pero algunos desafiaron la amenaza. “Cerrado por ausencia del personal”, rezaba un letrero en una ferretería de Caracas. El excandidato presidencial Henrique Capriles destacó la “soledad de las calles”.
“Se observa como una jornada de sábado, no a pleno funcionamiento pero tampoco totalmente paralizado”, afirmó el vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal.