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“Hace 4 años y 2 meses, el Congreso aprobó una norma y el Grupo Clarín no procede respecto a lo establecido por la ley y utiliza una multiplicidad de artilugios legales para impedir la efectiva aplicación de la misma”, dijo Capitanich.
“Si todos somos iguales, debemos respetar la ley del Congreso y el fallo de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal”, agregó, al ser consultado sobre la medida cautelar dictada ayer por la Justicia civil y comercial federal a favor del grupo multimedia.
En su fallo, el juez Horacio Alfonso estableció que permanezca suspendida durante seis meses la adecuación de oficio ordenada al Grupo Clarín por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) el pasado octubre.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
La norma, que sustituyó a otra sancionada durante la última dictadura militar, fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso argentino en 2009 y declarada constitucional por la Corte Suprema argentina en 2013 tras una batalla legal de cuatro años entre el Grupo Clarín y el Ejecutivo presidido por Cristina Fernández.
El Grupo Clarín es el más afectado por la normativa, pero repercute también en otros grupos de comunicación de Argentina o con intereses en el país, como el español Prisa.