El EPU es la evaluación sobre el cumplimiento de los derechos humanos a la que están sometidos los 193 miembros de las Naciones Unidas y que España pasó este miércoles por segunda vez.
En las recomendaciones finales adoptadas ayer por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, veintiún Estados hicieron sugerencias a España sobre los derechos de los inmigrantes irregulares.
Algunos países criticaron la inclusión en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional de las devoluciones de inmigrantes que tratan de entrar de forma irregular en territorio español porque ello convertiría en legal una práctica que es contraria el principio de protección internacional.
Otros Estados recordaron que debe respetarse el derecho a la no devolución, así como al asilo y al refugio.
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Además, algunos países pidieron a España que haga esfuerzos para acabar con abusos cometidos por los cuerpos de seguridad contra inmigrantes irregulares.
También respecto a los inmigrantes, varios Estados pusieron en entredicho la reforma del sistema público de salud y el hecho de que no se atienda de forma regular a los extranjeros indocumentados no menores.
Precisamente, seis países pidieron que se tengan en cuenta las necesidades específicas de los menores inmigrantes.
Por otra parte, diecinueve Estados reclamaron a España que haga todo lo necesario para acabar con la violencia machista y otras formas de agresión física, psicológica y sexual contra las mujeres. Asimismo, seis países solicitaron a España un mayor compromiso y más esfuerzos para alcanzar la igualdad de género en la sociedad, el trabajo, la política y la familia.