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WASHINGTON (AFP). Las leyes sobre las cuales se apoya la NSA para efectuar esa operación “nunca han sido interpretadas para autorizar nada que se aproxime a la amplitud de la vigilancia que se ha puesto en cuestión aquí”, señaló el fallo del tribunal estadounidense en un documento de 97 páginas.
Sin llegar a pronunciarse sobre la constitucionalidad del programa de vigilancia, el tribunal estimó que la agencia sobrepasó el marco fijado por el Congreso en el famoso “artículo 215” de la ley antiterrorista Patriot Act, votada tras los atentados del 11 de setiembre de 2001, cuyo objetivo era facilitar el seguimiento de los sospechosos de terrorismo, incluso en internet.
La NSA recolecta continuamente millones de “metadatos” de las llamadas telefónicas hechas en Estados Unidos, es decir, su duración, su ubicación, el número llamado, el tiempo, pero no su contenido.
El fallo se produjo tras una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) contra la NSA y el FBI, a raíz de las revelaciones sobre los vastos programas de vigilancia en documentos filtrados por el excontratista de la agencia Edward Snowden.
La ACLU y otros defensores de las libertades estiman que este programa constituye una intrusión masiva a la privacidad, y proporciona una ayuda mínima en el esfuerzo antiterrorista.
Estos metadatos pueden proporcionar considerable información personal, incluyendo sus “afiliaciones cívicas, políticas o religiosas”, o “si ha tenido y cuándo una relación sentimental”, dijo el tribunal.
De acuerdo a la corte, la interpretación del gobierno “desafía todo principio de limitación”, ya que podría también recolectar y almacenar masivamente “todos los metadatos del sector privado, incluidos los datos asociados a los registros financieros, médicos y de comunicación electrónica (incluidos los correos electrónicos y la información de las redes sociales) de todos los estadounidenses”.
No obstante, el tribunal se negó a emitir una orden judicial para detener el programa, argumentando que no tendría sentido porque la ley expira el 1 de junio próximo.
“Teniendo en cuenta los problemas de seguridad nacional involucrados, creemos que es prudente hacer una pausa para permitir al Congreso debatir lo que podría alterar profundamente el panorama jurídico”, concluyó el tribunal.
Esta es una victoria contundente para el Estado de derecho”, reaccionó el representante de la ACLU, Alex Abdo, quien resaltó que “el tribunal rechazó la teoría del gobierno de que se podría almacenar información sobre todos nosotros por si fuera necesario en el futuro”.
Los políticos estadounidenses están debatiendo sobre la reforma o la extensión de esta ley. Si dejan que expire el 1 de junio, pondría bruscamente fin al programa de recopilación de datos, pero dejaría un vacío jurídico que preocupa a algunas ONG.