La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en un comunicado que este martes solicitó al Estado de Venezuela la adopción de medidas en favor de Romero, Betancourt y Colmenares, pues “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia”.
Las medidas fueron solicitadas el 6 de mayo de 2013 por la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), que aúna a más de mil activistas y cien abogados venezolanos y que ha ejercido como defensa en juicios a disidentes o ha presentado ante la Justicia presuntos casos de tortura contra manifestantes.
Las medidas pretenden proteger al director ejecutivo de la organización, Alfredo Romero, al que el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó de ser parte de un plan de desestabilización y recibir, junto a otras organizaciones, financiación exterior para la “conspiración” contra el Gobierno, según recoge la resolución.
También se pide a Venezuela que proteja a Luis Betancourt, representante legal de FPV, que denunció haber sido seguido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y haber tenido que recibir un día en su casa a cinco supuestos funcionarios de orden público armados.
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La última receptora de las medidas es Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano del Estado de Táchira, que denunció haber sido retenida y golpeada fuertemente en la cabeza, en los senos y luego por todo el cuerpo por dos funcionarios policiales.