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BUENOS AIRES (EFE).Durante su rueda de prensa diaria, el jefe de ministros afirmó que no ha habido ninguna reunión con la Presidenta argentina para estudiar medidas después de que este jueves el magistrado Claudio Bonadío cerrase la instrucción de la causa que investiga la presunta transferencia irregular de un automóvil con documentación falsa a nombre de Boudou.
Capitanich subrayó que “existe estabilidad” desde el punto de vista político porque el mecanismo previsto por la Constitución para analizar si un funcionario del Gobierno debe ser apartado de su cargo es el sometimiento a juicio político, medida que ya fue rechazada por el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría.
Además, recalcó que desde el punto de vista judicial impera el “principio de inocencia” hasta que no se demuestre lo contrario y que existen “múltiples instancias de apelación” a las que el vicepresidente puede recurrir.
La decisión judicial convertirá a Boudou en el primer vicepresidente en activo en ser juzgado y pese a que no hay aún fecha para el comienzo del proceso, se prevé que el vicepresidente tenga que sentarse en el banquillo de los acusados antes del fin del actual mandato del Gobierno, que se cerrará tras las elecciones presidenciales de octubre de 2015.
Además, Boudou es investigado en una decena de causas y está procesado por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo en otra causa de mayor envergadura que investiga la compra irregular de una imprenta de papel moneda cuando estaba al frente del Ministerio de Economía (2009-2011).
El dictamen del juez Bonadío, quien también investiga presuntas irregularidades en una empresa hotelera de la que Cristina Fernández es accionista, deja en una posición complicada al Ejecutivo.
Desde ese Poder, acusan a la Justicia de mantener una estrategia de “hostigamiento” contra los funcionarios del Gobierno.