Conforme a lo previsto por el pacto, Irán redujo el número de centrifugadoras autorizadas a enriquecer uranio a 5.060, que llegó a 10.200 en el momento de la firma del acuerdo.
Irán solo puede enriquecer el uranio al 3,67%. Para construir un arma nuclear precisa llegar al 90%.
La República islámica también aceptó modificar su reactor de agua pesada de Araka, bajo control de la comunidad internacional, para imposibilitar la producción de plutonio con fines militares.
Con estas medidas aumentó a 1 año lo que los especialistas llaman el “breakout time” o el tiempo que necesitaría Irán para fabricar una bomba atómica. En el momento de la firma del acuerdo, se consideraba que era de 2 o 3 meses.
La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), encargada de controlar regularmente todas las instalaciones nucleares iraníes, en su informe de agosto de 2017, certificó que Teherán no enriqueció uranio a niveles prohibidos, ni constituyó existencias ilegales de uranio débilmente enriquecido o de agua pesada, ni “continuó” la construcción de su reactor de agua pesada.
El acuerdo entró en vigor el 16 de enero de 2016, abriendo la vía a un levantamiento parcial de las sanciones internacionales contra Irán.
Desde entonces se levantaron varias de ellas, lo que abrió la puerta a la inversión extranjera en Teherán.
Pero los embargos de la ONU sobre armas convencionales y los misiles balísticos se mantienen hasta 2020 y 2023, respectivamente.