Puerto Leda no escapa a litigios por la tierra

No existe una porción del territorio nacional carente de conflictos en torno a la legitimidad de títulos de propiedad. La facilidad con que se falsifican refleja la inoperancia de las instituciones responsables de velar por títulos patrimoniales. Puerto Leda no es la excepción.

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La firma Agrociencia SA y la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial tienen un conflicto por la titularidad de tierras en Puerto Leda, Alto Paraguay.

Ambas alegan derechos sobre una fracción de 30.000 hectáreas que según informes del Servicio Nacional de Catastro están superpuestas.

Los lotes, ubicados en Puerto Leda, son cuatro en total, tres de la Asociación para la Unificación del Cristianismo que totalizan unas 100.000 hectáreas; y un lote de Agrociencia SA, de 37.000 hectáreas.

En la mañana del miércoles 19 de agosto pasado, la agente fiscal Dora Irrazábal Troche realizó una intervención dentro de la propiedad de Agrociencia SA bajo el supuesto de la existencia de una invasión de propiedad.

La denuncia fue presentada por la Asociación para la Unificación del Cristianismo contra Agrociencia.

La fiscala Dora Irrazábal llegó al inmueble de Agrociencia SA, con fuerte resguardo policial, luego de romper todos los portones de acceso sin disponer de orden de allanamiento.

La agente del Ministerio Público, según se puede leer en el acta, justifica su intervención señalando la presentación de un título de propiedad por parte del grupo religioso de origen coreano.

Inclinar la balanza

No existe un extremo del territorio paraguayo donde no se tenga superposición de títulos de propiedad.

Hay títulos cuyo rastro de dominio se puede seguir sin problema alguno desde el año 1900, pero por el camino aparece otro documento que se superpone como si fuera real.

Otro tanto sucede con los títulos de propiedad que pueden ser falsificados con una facilidad espantosa.

O bien se puede llegar al extremo vergonzoso de ganarlos en forma fraudulenta en juicios como es el caso de Enrique Sarubbi, quien denunció a su suegro muerto para quedarse con tierra ajena, en Minga Guazú.

Estos procesos tienen en común la intervención de fiscales, son los agentes del Ministerio Público los primeros en dar visos de legalidad a documentos que pueden ser objeto de duda.

En el caso que nos ocupa, en Puerto Leda, la fiscala Dora Irrazábal Troche llegó a una propiedad privada, ordenó la destrucción de una pista de aviación, decomisó celulares, se incautó de maquinarias y vehículos demorando al personal de Agrociencia SA.

Todos los equipos motorizados fueron llevados por orden de la fiscala a la comisaría policial instalada dentro de la propiedad de la Asociación para la Unificación del Cristianismo.

La agente fiscal no tuvo en cuenta que una sentencia judicial, Nro. 261/14, aprueba la mensura del inmueble de Agrociencia SA y ordena su inscripción tanto en la Dirección General de Registros Públicos como en el Servicio Nacional de Catastros.

Sin verificación previa de documentos, la fiscalía tomó intervención en favor de una de las partes.

roque@abc.com.py

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