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CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional).-La Contraloría General refiere que la Ley N° 4758/2012 de Fonacide no contempla la autorización de transferencia de sus recursos a entidades sin fines de lucro o con fines de bien social. Sin embargo, la Comuna local lo hizo, y por G. 247.105.000, supuestamente a favor de asociaciones de cooperación escolar o entidades sin fines de lucro, señala el informe de los técnicos de dicha institución.
Al respecto, el intendente Isabelino Silva presentó su descargo manifestando que las transferencias mencionadas las realizó porque “en esos momentos no fue aclarada con puntualidad la metodología de aplicación del espíritu de la ley de Fonacide, produciéndose una confusión” sobre en qué debía usarse el dinero.
Los auditores del organismo contralor respondieron que dicho jefe comunal “admite lo inadmisible -desconocer la ley-”, porque un administrador de los bienes públicos, antes de proceder a erogar los fondos que recibe debe informarse de las normas que regulan su uso, más aún cuando se trata de una persona versada en leyes.
Asimismo, los técnicos identificaron el pago de 10 millones de guaraníes por la contratación del Arq. Cándido Sanguina Cano para la “ejecución de planos de aulas y baños escolares” para distintas instituciones educativas en la ciudad de Carapeguá.
Camionada de dinero
La Municipalidad de Carapeguá para el presente año tiene un presupuesto de G. 6.000 millones, de los cuales son ingresos propios G. 2.700 millones, del Fonacide G. 950 millones y royalties G. 2.350 millones, según informó el administrador municipal Lic. Óscar Román.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, la auditoría se realizó a los efectos de analizar la rendición de cuentas de la ejecución de los programas o proyectos financiados con los recursos de Fonacide y si se ajustaron a las disposiciones legales vigentes.
En el periodo de enero a diciembre del 2013 Hacienda había transferido a la Municipalidad de Carapeguá G. 1.128 millones. Los intervinientes detectaron que para construcciones de aulas, de sanitarios y reparaciones, fueron destinados G. 560 millones, que además no fueron autorizados por el MEC. La aprobación del ministerio es otro requisito que se debía cumplir.
Los auditores del organismo fiscalizador Carolina Cuevas, Andrea Rodríguez, Liz Teresa Torres y Gladys Fernández recomiendan a las instituciones pertinentes hacer investigaciones tendientes a deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables de hechos irregulares, así como iniciar las acciones pertinentes a fin de recuperar y resarcir al Estado por los daños ocasionados en casos de pagos mal efectuados.