Cargando...
Todos fueron imputados por el presunto desvío de G. 706 millones a través de la creación de una falsa “Comisión de lucha contra el dengue”.
La orden de prisión afecta al exgobernador de Amambay Ricardo Sánchez, al exsecretario de Hacienda, Nelson López; Gerardo Bóveda (ex secretario general) y Sofía Fernández (exsecretaria de Salud). Además, a los exfuncionarios de la institución departamental Fermín López Castillo, José Franco, Adelaida Ramírez, Agustín Figueredo y Javier Martín Mongelós.
Javier Martín Mongelós es propietario de una consultora a la que los imputados recurrieron para intentar justificar los presuntos millonarios desvíos de la Gobernación.
Los fiscales que investigan la denuncia son José Dos Santos y Samuel Valdez, quienes solicitaron prisión para los imputados.
El juez Luis Alberto Benítez indicó que las nueve personas una vez detenidas deberán guardar reclusión en la Cárcel Regional de Pedro Juan Caballero. En su defecto pueden beneficiarse con medidas alternativas a la prisión, para lo cual indefectiblemente cada una de ellas deberá pagar una fianza real de G. 706 millones, equivalente a la cantidad de dinero desviado, explicó el representante del Ministerio Público.
Los fiscales José Dos Santos y Samuel Valdez tienen seis meses para investigar el caso a fin de acusar y llevar a un juicio oral.
Serie de irregularidades
El exgobernador de Amambay Ricardo Sánchez asumió el cargo en reemplazo de Juan “Ancho” Ramírez (PLRA), quien renunció al cargo para candidatarse a diputado. Además de este proceso, está siendo investigado por otros presuntos desvíos de fondos de la Gobernación.
Según las denuncias, Sánchez, en connivencia con varios exfuncionarios que estaban ocupando puestos clave durante su gestión, formó varias comisiones vecinales de forma irregular.
Supuestamente simulaban la entrega de millonarias sumas de dinero a las organizaciones, que finalmente eran distribuidos entre los hoy imputados.
Otra imputación
El lunes 12 de agosto el fiscal Martín Cabrera imputó a Ricardo Sánchez y Nelson López por lesión de confianza con base en una denuncia presentada por el propietario de la empresa Comfortex, perforadora de pozos artesianos, de la ciudad de Luque.
Cabrera allanó el local de la Gobernación tras recibir una denuncia de la firma comercial Comfortex. Las facturas fueron emitidas por G. 1.100 millones sin que la firma tuviera conocimiento, sostuvo el representante del Ministerio Público.
Entonces Sánchez indicó que está tranquilo. Señaló que cuenta con todas las documentaciones para demostrar la transparencia de sus actos al frente de la Gobernación.