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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). El juez Raúl Insaurralde pidió informes al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y al fiscal Alfredo Ramos Manzur sobre los 1.200 millones que se han incautado del vehículo del fallecido Agustín Ramón Alegre Cano. La víctima era coordinador de Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave) y se desempeñaba como agente represor del contrabando en el puesto de control del Km 60, por lo que existen sospechas de que el dinero era una “recaudación para la corona”.
Fueron abiertas dos causas sobre el hecho: una por homicidio culposo, que está a cargo del fiscal Ramos Manzur y se tramita ante el juez Raúl Insaurralde, y otra por lavado de dinero, que investiga el fiscal Hernán Galeano, de la Fiscalía de Lavado de Dinero, de Asunción, y ante el Juzgado de atención permanente.
Se cree que hay un plan para que se devuelva el dinero, tal como piden familiares del fallecido. El magistrado dijo ayer que no está interesado en que la causa sobre lavado de dinero sea tramitada ante la circunscripción de Alto Paraná, cuyo superintendente es su cuñado, el ministro de la Corte Sindulfo Blanco. “Pedí informes al Ministerio Público para saber cuál es la situación. Me informaron que efectivamente se abrió una causa paralela”, indicó.
Considerando los antecedentes de Insaurralde, su solicitud causó suspicacias. El magistrado estuvo involucrado en sonados casos de esta zona del país.
En noviembre pasado dispuso la devolución de 13 pistolas incautadas en la zona céntrica en el marco de una pesquisa de tráfico de armas. Igualmente había sido denunciando ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por liberación de narcotraficantes.
Estaba en la lista de jueces de garantías de distintos juzgados de la VI Circunscripción del Alto Paraná que liberaron a 169 narcotraficantes entre los meses de enero del 2011 y noviembre del 2012.