Imputan y piden prisión preventiva de tesorero de Comuna de Santa Elena

La fiscala de Caacupé Sunilda González de Martínez imputó por presunta lesión de confianza al tesorero de la Municipalidad de Santa Elena, Eladio Chaparro. El funcionario es investigado en calidad de supuesto cómplice del intendente, César Balbuena (PLRA).

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La fiscala Sunilda González de Martínez amplió el acta de imputación de la causa contra el intendente de Santa Elena, César Balbuena (PLRA). El jefe comunal está imputado por presunto mal manejo de los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide).

La representante del Ministerio Público imputó al tesorero de la Comuna, Eladio Chaparro. Se lo sindica como presunto cómplice del hecho punible de lesión de confianza que causó un perjuicio patrimonial de G. 840 millones (provenientes de recursos del Fonacide de los años 2012, 2013 y 2014) a la Municipalidad.

Chaparro, en su calidad de tesorero, avalaba todas las operaciones autorizadas por Balbuena. Además, firmaba órdenes de pago y manejaba recursos del Banco Nacional de Fomento (BNF), según el acto de imputación.

La agente fiscal solicitó como medida cautelar la aplicación de la prisión preventiva por la existencia de peligro de fuga y obstrucción a la investigación. La expectativa de pena de este tipo de delitos es de hasta 10 años de cárcel.

La fiscalía también pidió el embargo preventivo de todos los bienes del imputado, hasta cubrir la suma de G. 840 millones.

El intendente Balbuena está imputado por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, violación de llevar libros de comercio y adquisición fraudulenta de subvenciones. El jefe comunal estuvo en prisión preventiva por diez días en la comisaría 1 de Caacupé y actualmente cuenta con medidas alternativas a la prisión, mientras dura el proceso.

La Contraloría General de la República (CGR) determinó que el almuerzo escolar no llegó a los alumnos, tal como figura en planillas. Se les repartieron a los niños alfajores, como supuesto complemento nutricional, según el informe de auditoría.

La fiscalía constató además que cuatro contratistas fueron adjudicados directamente para realizar obras por valor de G. 778 millones, sin dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

Autoridades del PLRA, en un encuentro realizado el 14 de marzo último en Santa Elena, calificaron la investigación y prisión del jefe comunal como una persecución política.

En dicha ocasión Cipriano Chaparro Cáceres se acercó y amenazó de muerte a nuestra corresponsal en la zona, Desiré Cabrera, cuando cubría el evento. “Andate a tiempo o no vas a salir viva de aquí”, le advirtió.

Chaparro Cáceres es hermano de José Chaparro, tesorero comunal, hoy imputado por la justicia.

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