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YBY PYTÃ, Canindeyú (Pablo Medina, corresponsal).- La intervención fiscal se dio mediante la denuncia de los asesores jurídicos de la firma Campos Morombí ante la Fiscalía General del Estado, basada en la masiva destrucción del área boscosa por personas inescrupulosas, que poseían supuestos títulos apócrifos de una finca inexistente.
Ayer, el fiscal de medioambiente Osvaldo García intervino el inmueble donde constató más de 400 rollos de diversas especies listos para su traslado a los aserraderos ubicados en Caaguazú. Una fuerte dotación de fuerza de élite de la Policía Nacional asignada al quinto departamento acompañó a la comitiva.
Según los asesores legales de la firma, la masiva tala se realiza dentro de la finca 259, padrón 321, de 1.155 hectáreas, y está localizada dentro de la reserva natural considerada como patrimonio bajo régimen privado.
Durante el procedimiento, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión de Froilán Velázquez, quien funge como uno de los “dueños” de la propiedad. Está sindicado por los intervinientes como uno de los que propician la destrucción del área boscosa y sería testaferro de Herme Alejandro Feris Gámez, a cuyo nombre la Secretaría del Ambiente (Seam) expidió la licencia ambiental, que finalmente fue revocada ayer por resolución N° 37/2014.
El exmilitar Carlos Miranda surge en algunos documentos como posible propietario de la finca 156, de 4.729 hectáreas, inexistente en el lugar.
Representantes legales de la firma Campos Morombí sostienen que entre los implicados en la grave destrucción de la reserva figura el juez de Caaguazú, Carlos Giménez, el escribano Jerónimo Ricardo Vera Hitter, Carmelo Ramón Vera Ricardo, además de Isidro Ramírez Solavarrieta, a cuyo nombre figura el recurso de amparo otorgado por el magistrado Giménez, basado en un título presuntamente falso.
Según el abogado Víctor Peña Gamba, representante legal de Campos Morombí, el juez Carlos Giménez ni siquiera se dignó en verificar las condiciones de dominio de la finca 156, objeto del recurso de amparo. Explicó que el título del terreno mucho antes ya estaba denunciado como apócrifo.