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CIUDAD DEL ESTE (Redacción regional).La reforma de la citada normativa fue realizada por el legislador, a fin de favorecerse entre los actuales ocupantes del inmueble, ya que él es uno de los que ingresaron en el lote que en un inicio era un asentamiento de personas de escasos recursos, pero que fue a parar en manos de políticos, abogados y médicos, convirtiéndose en una lujosa zona residencial.
El terreno es una valiosa franja denominada asentamiento Boquerón II, cuya ocupación fue “blanqueada” luego de la modificación de la ley de expropiación.
Los miembros de la subcomisión vecinal del citado asentamiento habían enviado una nota el 15 de julio del 2014 al presidente de la Secretaría de Acción Social (SAS), Héctor Cárdenas, con la planilla de firmas y fotocopia de cédula de todos los ocupantes. Esto fue a fin de que la nómina sea adjuntada al expediente 3362 referente a la solicitud de compra de los terrenos ubicados en unas cuatro hectáreas de tierra que había sido expropiada a favor de la SAS.
Es decir, en la lista de ocupantes fueron colocados los nombres de los actuales y no a los que habían invadido dicho inmueble en 1991, a los cuales se les había otorgado el certificado de ocupación.
En una primera expropiación, la finca de Sabino Augusto Montanaro (ya fallecido) individualizada con el N° 7.431 y con una superficie de más de nueve hectáreas (9.639 m2) era originalmente para la sede de la Universidad Nacional del Este (UNE), según la Ley 47/91.
Luego, en el 2012 dicha ley fue modificada debido a un proyecto de ley presentado por el diputado Óscar González Drakefor, uno de los ocupantes del inmueble.
La nueva normativa, N° 4797, estableció que se reduce la parcela expropiada a cuatro hectáreas y hace una salvedad de la fracción expropiada para la UNE. “La fracción expropiada por el articulo 1° de la presente ley será destinada a la Universidad Nacional del Este, con excepción de una fracción denominada barrio Boquerón II, que será destinada a favor de la Secretaría de Acción Social (SAS) para su posterior transferencia a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes...”, señala el artículo 2° de la ley.
Si bien aquel artículo se refiere al barrio Boquerón II, en su artículo 3° refiere que “los trámites de loteamiento, administración, venta y trasferencia de la finca expropiada a los actuales ocupantes del asentamiento Boquerón II quedarán a cargo de la Secretaría de Acción Social”.
De esta manera, lo que era un lugar ocupado por personas de escasos recursos se convirtió en una lujosa zona residencial y los actuales ocupantes iniciaron los trámites para que la SAS les transfiera los lotes, al lograr la modificación de la ley de expropiación de la mano de uno de sus ocupantes, el diputado González Drakefor.
La SAS no puede efectivizar la transferencia de los terrenos porque aún está pendiente el arreglo con los herederos del temible exministro stronista.