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La tala indiscriminada va dejando sin reservas boscosas a la región. Además de las multas, urge la implementación de penas carcelarias para desalentar los delitos contra el ambiente.
El equipo de fiscalizadores de la Seam, encabezados por Julio Marecos, junto al fiscal ambiental de San Pedro, Carlomagno II Alvarenga, realizaron las verificaciones hace una semana.
En un inmueble de esta ciudad se detectó también la represa de un arroyo. El responsable sería un colono menonita de nombre Francisco Wall.
Resulta difícil identificar a los dueños de las propiedades donde se cometen delitos contra el ambiente porque la mayoría es arrendada por colonos. Cuentan con guardias de seguridad que se encargan de evitar que nadie entre y se niegan a dar datos de los explotadores de las fincas.
En otra intervención en la zona de Castillo Cue de este distrito, la comitiva encontró máquinas pesadas en plena tarea de deforestación. También constató el desvío del curso de un arroyo. Todos los trabajadores eran brasileños.
El área deforestada supera las 100 hectáreas y, según datos preliminares, el dueño sería un brasileño de nombre Emerson Ferreira.
Igualmente se observó un tractor en pleno desmonte en la propiedad de Miguel Flecha. El inmueble ya había sido intervenida anteriormente por deforestación.
Otro caso involucra a la estancia Alegría SA, propiedad de un grupo de alemanes. Cuentan con licencia ambiental para “aprovechar” maderas lampiñas que fueron afectadas anteriormente por quema, pero como nadie controla sacan las maderas y procesan en sus propios aserraderos que ni siquiera cumplen las normas de seguridad.
También se dedican a la cría, engorde y comercialización a gran escala de porcinos, sin licencia ambiental.
En la estancia Doña Herminia se constató el desmonte de bosque degradado de unas 30 hectáreas.
Similar superficie es deforestada en la estancia Paso Kurusu, de Ulisses Rodríguez Teixeira, según la Seam.
La fiscalía trabaja en la identificación de los responsables de cada inmueble, que son pasibles de imputación.
En San Pedro no existe oficina ni funcionario de Seam. Además, hay un solo fiscal para todo el departamento, que también atiende otras unidades penales y se ve rebasado.