ENCARNACIÓN (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional).- El grupo de personas se instaló hace siete meses frente a las oficinas administrativas de Entidad Binacional Yacyretá (EBY) del barrio Buena Vista. “Estaremos aquí, de lunes a viernes, hasta que consigamos nuestro objetivo”, señaló Julián Martínez, uno de los dirigentes de oleros del barrio Mboica’ê, que integra la llamada “lista de Fabio Montiel”, el principal líder de los afectados.
De acuerdo a Martínez, el grupo está integrado por oleros, changarines, inquilinos, comerciantes, mesiteros, entre otros, quienes en un “acuerdo de caballeros” con el director de la EBY, Juan Schmalko, desocuparon un sector del barrio donde estaban instalados en sus carpas para permitir la terminación de unos trabajos pendientes en la avenida costanera. En el lugar que ocupaban se construyó una estación colectora cloacal, pero la EBY no cumplió su parte del pacto, dijo.
El conflicto subió de tono la semana pasada cuando el grupo decidió instalarse a la entrada misma de las oficinas administrativas de la EBY. La medida obligó a los directivos a recurrir a un amparo constitucional para asegurar el libre acceso y salida de los funcionarios y permitir la libre circulación de los afectados que aceptaron firmar con la entidad un “pacto social” para poner fin a sus reclamos a cambio de recibir la suma de G. 4,5 millones.
Según el coordinador del área de Acción Social de la EBY, Óscar Martínez, hubo violación de acuerdo por parte del dirigente Fabio Montiel, quien, de una lista inicial de 538 afectados, elevó a 1.500 la cantidad de personas que reclaman los pagos indemnizatorios.
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En enero pasado, la EBY les propuso a los afectados un “pacto social” para dar por finalizado todo reclamo, y se estableció un pago único de 4,5 millones de guaraníes a cada uno, señaló.
De los 43 grupos o cabezas de lista, uno solo fue el que no aceptó, y este fue Fabio Montiel, quien no estaba de acuerdo con el monto. Finalmente, y tras varios meses de reclamos y manifestaciones, Montiel aceptó recibir los 4,5 millones, pero apareció con una nueva lista y, de los 538 afectados, fue a 1.500, lo que no será aceptado en el Consejo de la EBY, explicó.
Uno de los puntos más criticados a los dirigentes de los afectados es que se convirtieron en “gestores” que se quedan con hasta el 40 por ciento del dinero cobrado por los titulares del beneficio. Incluso obligan a firmar pagarés antes de efectivizar dichos cobros, según las denuncias.
Este hecho fue defendido por algunos dirigentes de afectados, que sostienen que realizan una tarea de gestoría y que no se presume la gratuidad del trabajo. En este sentido, y según afirmaciones de Julián Martínez, del grupo de Fabio Montiel, este les pide una comisión del 10 por ciento del dinero que cobren, a través de un acuerdo de palabra, según precisó.