Condenas judiciales a políticos de Alto Paraguay resultaron una farsa

Las condenas judiciales a los exgobernadores de Alto Paraguay Erasmo Rodríguez (ANR) y Rosalba de Penayo (ANR), además del exintendente de Puerto Casado Bernardino Garcete (ANR), que les ordenan devolver parte del dinero robado durante sus gestiones, solo sirvieron para llenar las estadísticas del Poder Judicial. Solamente uno pagó un pequeño monto del dinero que debía reponer a las arcas del Estado.

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FUERTE OLIMPO, Dpto. de Alto Paraguay (Carlos Almirón, corresponsal). El exgobernador Erasmo Rodríguez fue electo para el periodo 2003-2008, pero renunció un año antes de completar su gestión acuciado por las denuncias de corrupción en su administración. Mediante una auditoría realizada a su gestión se detectó un faltante de G. 3.000 millones.

Rodríguez fue acusado de lesión de confianza y producción de documentos falsos, por los que fue condenado en el año 2009 a devolver a la Gobernación G. 280 millones pagaderos en 36 cuotas de G. 7.800.000 mensuales. El asesor jurídico de la Gobernación, Jimmi Ávila, indicó que el exgobernador repuso solo G. 80 millones y ahora está en trámite un pedido de anulación de la pena pecuniaria y propone devolver los recursos con “trabajos comunitarios”.

Por otro lado, Rosalba Belmonte de Penayo, quien completó el periodo de mandato de Rodríguez, fue acusada por los mismos delitos que su antecesor por un faltante de G. 4.000 millones durante su administración de ocho meses. Fue condenada a devolver G. 208 millones en 36 cuotas de G. 3 millones mensuales, con un refuerzo de G. 25 millones cada nueve meses.

La mujer no devolvió un solo guaraní de los recursos robados a la Gobernación, pese a la condena judicial, confirmó el abogado Ávila.

La exgobernadora también debía transferir un inmueble de su propiedad a favor de la Gobernación. Está individualizada como finca Nº 14566 del distrito de Carmelo Peralta.

Ambos exgobernadores tuvieron la protección del exdiputado José Chamorro (ANR), quien hasta 2013 manejó a su gusto y paladar las instituciones de Alto Paraguay. Impuso a candidatos a cargos electivos y una vez que asumieron los manipuló como marionetas para sus intereses personales.

Era tanto su poder que en la región algunos lo llamaban “tío” y “cacique”.

Caso Garcete

Por otro lado, el exintendente de Puerto Casado durante el periodo 2001-2006, Bernardino Garcete (ANR), reelecto para ocupar el cargo en el período 2010-2015, fue acusado por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Según el fallo judicial, debe devolver a G. 400 millones.

Según el concejal casadeño Hilario Adorno (ANR), Garcete jamás devolvió nada e incluso su gestión actual también está siendo muy cuestionada. Sin embargo, en ocasiones anteriores el jefe comunal aseguró haber cumplido la condena.

G. 300.000 millones en 20 años

La Gobernación de Alto Paraguay recibió G. 300.000 millones desde 1993 hasta el año 2013. En 20 años solo mejoró la economía de la mayoría de las exautoridades de la institución, mientras el departamento no pudo salir del atraso, tanto que ni siquiera cuenta con caminos de todo tiempo y en épocas de lluvia las comunidades de la región quedan aisladas.

Desde la era democrática se sucedieron en el cargo de gobernador Tarcisio Sostoa (1993-1998), entre 1998 y 2003 (periodo de grave crisis) se sucedieron seis jefes departamentales, todos colorados: Óscar Alvarenga (seis meses), Bernardino Garcete (un año), Nelson Paredes (interventor por tres meses), Sergio Valinotti (siete meses), Vidal Benítez (siete meses) y completó el periodo Nildo Penayo (cuñado de Rosalba Belmonte de Penayo). Del 2003 al 2007 estuvo Erasmo Rodríguez, y Rosalba Belmonte de Penayo completó el periodo de gobierno. Entre 2008 y 2013 el gobernador fue Justo Fernández Bauzá (ANR) y la actual es Marlene Ocampos, también de la ANR.

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