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Los siete votos por el pedido de aprobación son de los liberales Luis Vidallet, Víctor Gómez, Narciso Lugo, Juan Gómez, Octavio Schapt; del independiente Gustavo Ramírez y la colorada Mabel Gómez. Tuvieron posición en contra los colorados Óscar Vázquez, Silicio González, Danilo Vallejos, Luis Arrúa y Bernardino Ruiz, todos “leales” al intendente de Limpio, Carlos Palacios.
La resolución de la Junta Municipal será entregada hoy al Ministerio del Interior, que tiene diez días hábiles para enviar a la Cámara de Diputados, que a su vez debe aprobar o rechazar la solicitud de intervención de la administración comunal.
En caso de que de sea aprobado el pedido de intervención, el Poder Ejecutivo debe designar un equipo interventor para verificar documentos y rendición de cuentas. Mientras tanto, el intendente debe estar separado del cargo.
El concejal Luis Vidallet dijo que entre las irregularidades argumentadas en el pedido de intervención se encuentran que el intendente Carlos Néstor Palacios Ocampos (ANR) no explicó el destino de G. 1.000 millones de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Supuestamente, los utilizó para contratar en forma directa tres empresas para la provisión de ripio.
Se trata de Obras y Emprendimientos, de Julio Bareiro; Nuevo Horizonte, y la firma unipersonal de Sergio Bareiro. Los primeros explotan una misma cantera, explicó Vidallet.
“Ese dinero lo utilizó en diez días y nunca rindió cuentas a la Junta Municipal”, denunció el edil.
Añadió que Palacios adjudicó también un contrato por la vía de la excepción por G. 1.300 millones a su primo Juan de Dios Montiel Palacios para provisión de ripio. En este caso, el Ministerio del Ambiente dijo que la firma no contaba con estudios de impacto ambiental para explotar la cantera de ripio.
Asimismo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) le aclaró a Palacios que estaba violando leyes al adjudicar por la vía de la excepción una figura que se utiliza solamente en casos de emergencia por fenómenos naturales.
Acostumbrado
El intendente Carlos Palacios dijo que no le sorprende el pedido de intervención de su gestión y calificó la medida como parte de un “ataque político” que viene sufriendo desde hace dos años y medio.
Añadió que está preparado para demostrar de qué forma está administrando los recursos de la Comuna y desbaratar las “injustas denuncias” del grupo de siete ediles.
Cuestionó particularmente la posición de su correligionaria Mabel Gómez.
Los siete concejales que realizan constantes denuncias aseguraron que, en represalia por la actitud crítica a su gestión, el colorado Carlos Palacios no les paga la dieta desde hace ocho meses, mientras los cinco ediles “leales” cobran sin inconvenientes. Al respecto, Palacios afirmó que a todos les está pagando con cuentagotas porque existe una morosidad del 90% del pago de impuestos.
En ese sentido, indicó que comenzará a notificar a los ciudadanos para que se acerquen a cumplir sus obligaciones tributarias.