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El comisario general Francisco Alvarenga Núñez es responsable de la violación de un mandato de judicial de embargo de soja, emitida por el juez Rafael Jacobo, de Santa Rita, el pasado 12 de febrero.
Oficiales de la jefatura policial de Itapúa confirmaron que no embargan cuatro mil toneladas de soja porque recibieron órdenes expresas del comando de la Policía Nacional de “dejar las cosas como están”.
La orden de no proceder al embargo de las cuatro mil toneladas de soja es responsabilidad del comandante de la Policía Nacional.
El comisario Francisco Alvarenga Núñez recibió una notificación de la Corte Suprema de Justicia, remitida por la dirección de asuntos jurídicos, que expresa: “La Corte Suprema de Justicia no es un organismo de consulta sino de juzgamiento, a pesar de ello, considerando la cortesía interinstitucional, cabe mencionar que las disposiciones legales señalan que los embargos y otras medidas cautelares deben ser cumplidos según el orden en el cuál fueron recepcionados por los organismos e instituciones que deben efectivizar su cumplimiento” (negritas son nuestras).
Maniobras fraudulentas
Las cuatro mil toneladas de soja en disputa fueron cosechadas en forma ilegal por la firma Agro Nikas SA dentro de la propiedad de Joel Eisen, en el distrito de Mayor Otaño, departamento de Itapúa.
La familia Eisen fue desalojada de su legítima propiedad y Agro Nikas tomó posesión de 1.742 hectáreas en forma ilegal, donde comenzó a plantar soja.
Resultado del cultivo es la cosecha de cuatro mil toneladas de grano, cultivadas en propiedad ajena. El 12 de febrero, el juez Rafael Jacobo ordenó el embargo de la soja. El mandato judicial debió cumplirse de inmediato.
Oficiales de justicia con custodia policial llegaron a la propiedad en cuestión para dar cumplimiento al mandato policial.
Policías vs. policías
Los agentes policiales que realizan custodia, sin orden judicial, en la propiedad ocupada por Agro Nikas se negaron a que se cumpla la orden y se vivieron momentos de tensión cuando ambos bandos de la misma Policía Nacional empezaron a discutir.
El 13 de febrero (un día después del primer mandato) el juez Sergio Rodríguez, de Presidente Franco, ordenó el embargo de la misma soja en favor de la empresa Campo Nuevo SA, donde Nivaldo Ourikes Kestring sería socio mayoritario.
Y Agro Nikas SA también tendría a Nivaldo Ourikes Kestring como socio principal.
Es decir, para evitar el embargo legítimo de la soja cultivada en tierra ajena, Campo Nuevo SA demandó a Agro Nikas SA, ambas empresas con un mismo socio mayoritario.
El juez Sergio Rodríguez es el mismo que viene realizando maniobras que pueden ser calificadas como estafa procesal y que permiten que siga la ocupación de una propiedad legítima.
De nuevo surgen sospechas de que el mismo Juan Eudes Afara se encuentre involucrado en el caso, impidiendo la acción policial.
roque@abc.com.py