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SALTO DEL GUAIRÁ, Canindeyú (Rosendo Duarte, corresponsal). La idea original de los proyectistas de la Ley de royalties y compensaciones, cuya lucha se inició en los primeros años de la década de los 90, era lograr una distribución similar a la que hace Brasil, ya desde 1991. El reparto en el vecino país es 45 por ciento para municipios afectados, 45 por ciento para el gobierno estadual de Paraná y 10 por ciento para el Estado. Sin embargo, se logró aprobar la normativa, pero de una forma totalmente torcida.
Según el diputado Herminio Dávalos (ANR), los ideólogos de la distribución de los royalties y compensaciones –intendentes, diputados y gobernadores de la zona del embalse– fueron obligados a aceptar un proyecto totalmente diferente al que presentaron porque en el Congreso Nacional todo se maneja a nivel político. “Vamos a aprobar esta ley, pero a nosotros también nos tiene que alcanzar algo, había manifestado un diputado de Central cuyo nombre no recuerdo”, comentó.
En el año 1998 se aprobó la primera normativa (Ley 1309) con la que el Estado logra quedarse con el 50 por ciento y el interior (municipios y gobernaciones) con la otra mitad. Debieron pasar diez años más para que la nivelación del 50-50 se produzca porque la transferencia a los municipios y gobernaciones fue gradual (5 por ciento anual).
Los munícipes de las localidades afectadas por el embalse, ideólogos de la ley, tuvieron que conformarse con el 15 por ciento para distritos afectados y 5 por ciento para gobernaciones afectadas.
“Peor era nada y salimos con la idea de que con el tiempo podría ir mejorando el porcentaje a favor de quienes son dueños legítimos de esos recursos”, expresó el exintendente de Salto del Guairá y exgobernador de Canindeyú, Manuel Dejesús Caballero (ANR).
Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, ya que los recursos para los afectados fue disminuyendo a raíz de la inclusión de distritos y gobernaciones no afectados en el grupo de beneficiarios.
Piden derogar Ley 4841/12
Los representantes de la Asociación de Municipalidades de la Cuenca de Canindeyú y Alto Paraná, afectados por el recorte de royalties, durante una visita a nuestra redacción, manifestaron que de no derogarse la Ley 4841/12, que favorece a 16 municipios, tomarán medidas de presión drásticas.
“Si no derogan la ley, nos veremos obligados a tomar medidas de fuerza. Si es necesario paralizaremos el país, pero no es eso lo que queremos”, señaló el intendente de Katuete (Canindeyú), Julio Brítez (Unace).