Ha pasado con Rodríguez, con Wasmosy, con González Macchi, con Nicanor, con Lugo, con el propio Horacio Cartes (que por lo visto no transmitió la experiencia a su delfín), hasta cierto punto con Marito (pandemia de por medio), y está pasando con Santiago Peña. A la breve gestión de Cubas Grau no la contamos porque la crisis política se desencadenó de manera violenta mucho antes de lo habitual, y en cuanto a Federico Franco, solo estuvo un año mientras se desarrolló la transición.
Todos los gobiernos de la era democrática tuvieron amplio consenso al principio, tensiones en sus propias filas a la mitad y abiertas fracturas al final. Para sintetizarlo, Rodríguez terminó enfrentado con Argaña, Wasmosy con Oviedo, González Macchi con la coalición que lo confirmó en el poder, Nicanor con Castiglioni, Lugo con todos sus aliados, Cartes con Marito, este con el cartismo. Por lo general, las pugnas se van manifestando paulatinamente y alcanzan su punto culminante en las internas partidarias, principalmente del Partido Colorado.
Obviamente, cada caso tiene sus particularidades, pero el patrón es el mismo, como también lo son las causas, que en última instancia se reducen a las ambiciones de poder de distintos grupos y personas. Y también lo son las consecuencias: las segundas mitades de los gobiernos, ya más debilitados, se convierten en grandes lapsos mayormente perdidos, dominados por las rencillas y la dinámica electoral, donde se impone el populismo y no se adoptan medidas estructurales, especialmente si ellas implican asumir costos políticos.
Hace rato que surgen señales de que a Santiago Peña le está ocurriendo exactamente lo mismo y el “rancho aparte” de estos tres o cuatro senadores, aunque no pase de un simple “cháke”, es una más. El descontento en las carpas oficialistas se está haciendo cada vez más visible, como quedó evidenciado tras la dura derrota electoral que sufrieron en Ciudad del Este, a lo que se debe agregar la caída en picada de la popularidad de Peña en amplios sectores de la población.
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Lo malo de todo esto es que hay importantes transformaciones pendientes que no se llevaron adelante a tiempo y que, en estas condiciones, probablemente quedarán truncas.
Por mencionar algunas de las más perentorias, y a la vez políticamente más complicadas, resaltan las relativas a la seguridad social, tanto en lo referente a la Caja Fiscal en el sector público como al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social, que ha entrado en un alarmante proceso de consumo y agotamiento de sus reservas.
La reforma de la Caja Fiscal, cuyo déficit galopante amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas, es un compromiso asumido por el Gobierno con los organismos multilaterales, con las calificadoras de riesgo y, más importante aún, con la ciudadanía y los contribuyentes no beneficiarios, que son quienes pagan la cuenta. Sin embargo, nada se ha hecho hasta el momento y difícilmente se pueda esperar que la administración de Santiago Peña muestre determinación de recortar beneficios a los funcionarios públicos en lo que le resta de gestión.
Lo propio ocurre con el IPS, donde, entre otras cosas, hay que reducir drásticamente sus elevadísimos “gastos administrativos” y achicar dramáticamente su enorme estructura de 26.000 funcionarios, además de exigir el sinceramiento de los aportes y sancionar duramente la evasión, y quizás ni siquiera todo eso sea suficiente y haya que subir la edad de retiro.
Es muy difícil que Santiago Peña emprenda estas y otras cruciales batallas a estas alturas. Cometió el mismo error que sus antecesores, no aprovechó el envión inicial y las altas expectativas que había generado, solo hizo reformas secundarias y parciales, y todo parece indicar que ahora ya es tarde para más. Aun si tuviera la voluntad, lo que es dudoso, probablemente ya no tenga la fuerza, ni siquiera dentro de su propia corriente. Lamentable, porque los grandes problemas que no se resuelven terminan siempre agravándose en perjuicio del país.