Mientras cualquier ciudadano común tiene que cuidarse de apagar las luces y no derrochar energía, la ANDE perdió por deficiencias técnicas y fallos en sus sistemas de control el equivalente a nueve veces la producción anual de la usina de Acaray en 2024 y nadie parece escandalizarse por ello. La compañía estatal lo admite en sus propias memorias que acaba de publicar, en las que consigna que el año pasado se esfumaron sin facturarse 6,9 millones de megavatios/hora, lo que representa nada menos que 341 millones de dólares, que terminaron cargándose en las tarifas a los usuarios.
En 2024 la ANDE entregó 26,1 millones de MWh de electricidad al mercado interno paraguayo, pero solo pudo facturar por 19,2 millones. Los restantes 6,9 millones (el 26,5%) se perdieron, 1,2 millones a través de las líneas de transmisión y 5,7 millones a través de las redes de distribución, un volumen altísimo frente a cualquier parámetro razonable.
Irónicamente, ese mismo año la ANDE lanzó, por ejemplo, la campaña “Consumo Inteligente” para “promover el uso eficiente y la optimización en el consumo de la energía eléctrica”. O sea, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
En el documento se señala que se contrató a una consultora internacional con financiamiento del BID para la realización de un estudio técnico, entre otras medidas para minimizar las pérdidas, pero la realidad es que este no es un problema nuevo ni aislado. Se han hecho muchos estudios, se han puesto muchas excusas, se han prometido muchas soluciones, pero la sangría nunca se ha detenido.
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Peor aún, se ha agregado un nuevo elemento, que es el robo de energía a gran escala. Las conexiones clandestinas siempre han existido, pero mayormente por parte de sectores informales de bajos recursos y solo ocasionalmente por parte de algún gran consumidor. Últimamente ha quedado en evidencia que pululan en el país, especialmente, criptomineras ilegales, al punto de que, de acuerdo con las citadas memorias, en 2024 le han hecho perder a la ANDE 18.900 millones de guaraníes al mes.
Se detalla que solo el año pasado se intervinieron 33 granjas de criptominería de gran porte y que desde 2019 hay 85 causas abiertas por sustracción de electricidad para criptominería.
Pero aun con estas intervenciones, más del 80% de las fugas provienen de la red de distribución, dentro de lo cual la mayor parte se atribuye a “pérdidas no técnicas”, es decir, a sustracciones ilegales, lo que sugiere que la situación está fuera de control. Y la gente legítimamente se pregunta cómo es posible que existan estos grandes sustractores si a cualquier usuario se le corta la luz si se atrasa en los pagos.
Por mucho que intenten naturalizarlo, el hecho es escandaloso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a un país petrolero le robaran uno de cada cuatro barriles? ¿Qué dirían los accionistas de una compañía privada si, en las memorias del ejercicio, sus directivos y gerentes les informasen como si nada que “se les perdió” el 25% de la mercadería? En el Estado paraguayo, sin embargo, no pasa absolutamente nada.
Esta es otra muestra palpable de desgobierno y de una lamentable política energética en un país que se jacta de ser uno de los mayores productores percápita de energía eléctrica renovable del mundo.
En la práctica, por un lado, el Gobierno permite que Paraguay se vea obligado a ceder a precio vil la totalidad de sus excedentes energéticos a sus dos grandes vecinos, pese a estar largamente vencidos los plazos de renegociación de los Tratados de Itaipú y Yacyretá. Y por otro lado, a nivel doméstico, tolera complacientemente la tremenda ineficiencia del monopolio estatal de electricidad, que en 76 años desde su creación apenas ha conseguido una participación del 20% en la matriz energética nacional y ni eso puede hacer bien.
Mal acostumbradas a “gobernar” sin rendir cuentas, las autoridades nacionales no asumen responsabilidades. No es suficiente consignarlo en las memorias, hay que dar explicaciones, obtener resultados o renunciar. Quien en primer lugar debe dar la cara es el Presidente de la República, quien ejerce el Poder Ejecutivo y la función constitucional de administrar los bienes y servicios del Estado. Pero Santiago Peña no se da por aludido, parece estar en otra cosa.