Como gran cosa, la Cámara de Senadores rechazó en su última sesión y devolvió a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce de 10 a 7 años el lapso mínimo de aportes a la Caja Parlamentaria para jubilarse. Se fundamentó que ello sería muy oneroso para el Estado. Lo que no se escuchó decir en la sesión fue que los ciudadanos comunes y corrientes de este país, esos mismos que les pagan el sueldo y les costean con sus impuestos sus cómodos retiros, si tienen la suerte de estar adheridos a algún sistema de seguridad social, deben contribuir 25 o 30 años para aspirar a una pensión.
Con apenas diez años de aportes, o dos períodos, los congresistas se hacen felices acreedores de una jubilación de por vida del 60% de su última asignación, lo que a la fecha asciende a G. 22.740.000 al mes, trasladable a cónyuge o hijos menores o discapacitados. Si son quince años o tres períodos, la jubilación sube a G. 30.320.000 por mes. Y si el legislador en cuestión no completa el tiempo mínimo u opta por no acceder al beneficio, puede retirar el 100% de todos sus aportes de una sola vez, con lo cual no contribuye ni un centavo al sistema solidario de reparto.
En el sector privado, particularmente en el Instituto de Previsión Social, un trabajador debe aportar 30 años para jubilarse a partir de los 55 con el 80% del promedio de sus salarios reportados en los últimos diez años, según la reciente modificación del método de cálculo, o esperar a los 60 años cumplidos y tener por lo menos 25 de contribución.
En el resto del sector público hay varios segmentos de funcionarios con jubilaciones de privilegio, que es el motivo por el cual la Caja Fiscal tiene un déficit exponencial que pone en peligro la sostenibilidad de las finanzas estatales en el mediano plazo, pero ninguno supera al de los senadores y diputados, que son, paradójica y cínicamente, quienes tienen que aprobar la reforma y exigirles a los demás adecuaciones y sacrificios que ellos no están dispuestos a hacer.
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El mencionado informe del MEF indica que entre 2007 y 2022 se aprobaron doce leyes que perforaron dramáticamente la reforma que se había acordado en 2003 para la sustentabilidad de la Caja Fiscal. Todos los segmentos aportan 16%, pero el régimen de beneficios es sumamente heterogéneo. Por ejemplo, los años de aportes varían entre 10 y 25 años (los guardaparques, 30 años) y la edad mínima para jubilarse es de 62 años para funcionarios administrativos, 55 años para personal de blanco, 50 años para magistrados judiciales y no hay límite de edad para docentes, militares, policías, lo cual hace que estos se jubilen muy jóvenes y haya que reemplazarlos además de tener que pagarles sus haberes de manera vitalicia durante décadas. También existe una gran disparidad en el método de cálculo de la jubilación que, en el caso de militares y policías, se equipara automáticamente al que corresponde al personal activo del mismo rango.
El informe del MEF proyecta un déficit de 343 millones de dólares para este año en la Caja Fiscal, que se irá incrementando hasta 1.000 millones de dólares al 2030, dentro de solo cinco años, si no se toman medidas. Esta es una cifra enorme para el Paraguay, equivalente a todo el presupuesto anual del Ministerio de Salud Pública, que se extraerá del dinero de los contribuyentes a costa de la atención de importantes prioridades para la ciudadanía.
La reforma de la Caja Fiscal es impostergable, pero, para tener una mínima autoridad moral que le permita llevarla adelante, el Poder Legislativo debe comenzar por casa y demostrar que no hay ciudadanos de primera y de segunda. Sin embargo, si el propio Presidente de la República justifica la jubilación vip de los parlamentarios y dice que la clase política “se merece”, ¿qué se puede esperar?