El corolario de la semana fue protagonizado por la senadora Noelia Cabrera (liberocartista), quien hace un año había sido el centro de atención no precisamente por alguna maravillosa producción legislativa, sino por utilizar para beneficio personal una camioneta de lujo, de la marca Chevrolet Silverado, a cargo de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados (Senabico), incautada en el operativo “Dakovo” por supuesto tráfico de armas.
En aquella ocasión, justificó el uso del vehículo diciendo que solo fue a la ferretería a hacer unas compras, pero que el rodado sería utilizado para actividades propias de la Comisión Nacional de Recursos Naturales (Conaderna), comisión legislativa que la misma preside.
Sin embargo, pese a sus promesas de uso racional de recursos públicos, y al acuerdo celebrado entre la Senabico y el Congreso Nacional en el cual se restringe el uso de la lujosa camioneta del supuesto traficante de armas Diego Dirisio a fines estrictamente institucionales, la senadora Cabrera fue recientemente protagonista de otro escándalo, tras la difusión de imágenes de la misma en una gira proselitista a las ciudades de Capitán Bado y Karapaí, trasladándose lógicamente en la camioneta de lujo con todo lo que ello conlleva, combustible costeado por el pueblo paraguayo, mantenimiento de un vehículo de alta gama y la depreciación del mismo en manos de empleados del Estado que se sirven de lo público para beneficio personal.
En sus primeros meses como parlamentaria de este período legislativo, Cabrera fue increpada tras darse a conocer que su madre cobraba una pensión para adultos mayores en situación de pobreza, demostrando con ello una de dos, o se aprovecharon de los subsidios del Estado falseando datos sobre la situación de extrema pobreza de su madre, o la senadora incumplió su obligación constitucional establecida en el artículo 53, de prestar asistencia a su progenitora en caso de necesidad.
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En ambos extremos, existió un incumplimiento legal que pasó desapercibido para las autoridades judiciales y parlamentarias en aquel momento.
Pero, como se dice, el árbol torcido nunca endereza sus ramas, no pasó mucho tiempo para que un nuevo escándalo con dinero público salte a la luz, esta vez con los bien llamados “neposobris”. Iris e Iván Giménez Cabrera, sobrinos de la misma senadora Noelia Cabrera, fueron nombrados en el Parlamento, con altos salarios, pero sin embargo trabajaban en un estudio jurídico de la pareja de la legisladora liberocartista.
Tras darse a conocer el presunto caso de nepotismo, planillerismo y cobro indebido de honorarios, los “neposobris” tuvieron que presentar renuncia. Sin embargo, el Ministerio Público tiene la obligación legal y constitucional de abrir de oficio una investigación penal.
El artículo 313 del Código Penal castiga con una pena de hasta 5 años de cárcel al “funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia que, a sabiendas, cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas”, además de otros posibles hechos que pudieran resultar en caso de comprobarse que efectivamente estos “neposobris” percibían salario del Estado paraguayo sin realizar ningún tipo de contraprestación.
Para ello, el fiscal general del Estado debe ser el primer interesado en esclarecer este hecho que ya tomó estado público, y no dejar que se desvanezca una vez más una investigación por supuestos hechos de corrupción simplemente con la renuncia del funcionario o la devolución del dinero ilegítimamente cobrado. También la Procuraduría General de la República, institución cuya facultad constitucional es velar por el patrimonio del Estado, debe mostrar interés en recuperar cualquier erogación realizada por fuera de lo legalmente permitido, ya que hoy no solo estamos ante un supuesto caso de “nepotismo” sino también de “planillerismo”.
Es decir, los parientes no solamente entran por la ventana del Parlamento, sino que además salen orondamente por la puerta principal, ya que ni siquiera se quedan en sus puestos de trabajo.
Además de la gran misión que tiene la Justicia paraguaya ante este nuevo caso de presunta corrupción pública, también el Congreso Nacional debe mostrar que mide con la misma vara casos de mal desempeño como causal de pérdida de investidura.
Es importante recordar que en tiempo récord y en un procedimiento fraguado para la expulsión de la exsenadora opositora Kattya González, los senadores cartistas procedieron a enjuiciarla, desconociendo su derecho a la defensa, bajo los argumentos de tráfico de influencias, sin esperar las resultas de un proceso penal que terminó desestimando las denuncias que sirvieron de base para su expulsión. En el caso de Cabrera, fue comprobado el nombramiento de sus sobrinos y los mismos fueron sorprendidos fuera de la institución sin saber cómo responder al ser consultados sobre su planillerismo.
El pueblo no puede acostumbrarse a que nuevos “neposobris”, “nepoyernos”, “neponueras” y “nepohijos”, que ingresaron de la mano de sus padrinos sin cumplir con los requisitos, como el concurso público de oposición, lo cual hace ilegal sus nombramientos, sigan ocupando puestos que deben estar a cargo de personas meritorias a quienes Santiago Peña tilda de “guapitos”. Entre ellos se puede recordar a Montserrat Alliana, la hija del vicepresidente Pedro Alliana, con un salario de más de 18 millones de guaraníes, y cuyo hoy esposo, Weldon Walter Black Zaldívar, también se había enchufado en el Instituto de Previsión Social como “asesor externo”, con un “contrato por producto” de 100 millones de guaraníes, con pagos de 20 millones bimestrales, según se informó en su oportunidad.
También en su momento fue muy comentado el nombramiento de otro “nepobaby”, Alejandro Ovelar, hijo del senador Silvio Ovelar (ANR, cartista), quien se vio obligado a renunciar tras salir a luz el ilegal nombramiento, mientras que siguen percibiendo sus salarios y “trabajando” en el Congreso hijos de varios otros legisladores, a quienes no les preocuparon la ilegalidad y ni el escándalo que provocaron sus casos.
No se puede normalizar el uso indiscriminado de recursos del Estado para beneficio personal, paseos en vehículos lujosos decomisados de narcotraficantes y traficantes de armas por el simple hecho de satisfacer los antojos de algunos parlamentarios, a costa del bolsillo del pueblo que debe viajar en ómnibus destartalados. No se puede permanecer impávido ante la expulsión arbitraria de una parlamentaria por la atribución de hechos desmeritados, cuando otra sigue ocupando su banca luego de quedar en evidencia hechos que condicen con actos de corrupción.
Tampoco se puede aceptar la actitud de un fiscal general que siempre es el último en enterarse de lo que pasa en el país, sea por desinterés en la realidad nacional o por excusa a su inacción. Estas semanas serán determinantes para reconocer el grado de tolerancia ante la corrupción por parte del Parlamento, de la Justicia y del propio pueblo paraguayo.