Fernández hizo su pedido de reconocimiento en ocasión de la presentación al Poder Legislativo de diez proyectos de ley, encabezados por el “que moderniza el sistema de transporte público metropolitano de pasajeros”, que es el más relevante en cuanto al interés general, si bien se trata de una idea cuya viabilidad todavía está por verse, consistente en la creación de un fideicomiso para que sea el Estado el que adquiera y provea buses e infraestructura a las empresas.
La lista sigue con proyectos de ley para la absorción de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores; la creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía; un régimen de “incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera” que sustituye a la Ley 60/90; modificaciones a la ley del Mercado de Valores y Productos y a la Ley 2828/2005 “de Turismo”; y también cambios en la Ley de Maquila, en la Ley de Energías Renovables no Convencionales no Hidráulicas, y “reforma integral a la Ley de Arbitraje”.
A simple vista se observa que, a excepción quizás del de transporte, ninguno de estos proyectos de ley hace a cuestiones de fondo ni requiere por parte del Gobierno un esfuerzo político especial, en tanto que, una vez más, se dejan de lado y se siguen postergando temas de gran trascendencia que sí demandan férreas voluntad y firmeza del Ejecutivo, como el espinoso asunto del galopante déficit de la Caja Fiscal, que administra las jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos, maestros, militares y policías.
“Ahora que presentamos 10 leyes, algunos van a hablar de que empezamos con las reformas, pero pasamos 15 leyes y dicen que este Gobierno no hizo ninguna reforma. Con 25 leyes que esperamos tener aprobadas en poco más de dos años, a lo mejor algunos nos consideren como un gobierno reformista” (las negritas son nuestras), dijo el ministro Fernández.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Pero repasemos. La reforma previsional, que es clave, se quedó en el camino. El Gobierno hizo aprobar una ley que crea una Superintendencia de Pensiones, con el declarado objetivo de supervisar todas las cajas jubilatorias, incluido el Instituto de Previsión Social, y garantizar el cumplimiento de normas internacionalmente aceptadas de solvencia y administración. Sin embargo, dos años después la ley sigue sin aplicarse, ni siquiera se ha conformado aún el Consejo Nacional de Seguridad Social.
Y ese era solo un primer paso. Lo principal de esta reforma es universalizar los aportes a la seguridad social y hacer sostenibles los sistemas de ahorros jubilatorios, en especial el IPS y la Caja Fiscal. En esos campos no se ha avanzado en absoluto. El Fondo de Pensiones del IPS va por su sexto año consecutivo de saldo rojo, dos décadas antes de lo previsto en los cálculos actuariales, y ya lleva consumidos casi 200 millones de dólares de sus reservas.
Tampoco se ha hecho nada para eliminar distorsiones (como la subdeclaración) y para ampliar la base de aportantes. Apenas un quinto de la población económicamente activa aporta a la seguridad social, lo cual no solamente resta viabilidad a los sistemas de reparto, sino que constituye una tremenda bomba de tiempo de mediano plazo. El déficit de la Caja Fiscal se duplica año a año y en 2025 proyecta perder alrededor de 300 millones de dólares a ser financiados con impuestos de los contribuyentes.
Dos leyes que tienen que ver con la reforma del Estado se aprobaron en forma totalmente desnaturalizada. La de organización administrativa fue tan mutilada que no sirve para nada, como lo prueba el hecho de que ahora tengan que presentar leyes especiales para fusionar pequeñas secretarías, como las de turismo y la de repatriados.
Lo mismo ocurrió con la ley de la función pública y el servicio civil, que “entró en vigencia” seis meses después de promulgada, pero sigue sin estar reglamentada por el Ejecutivo, y mucho menos por los otros poderes, a los que se les permitió establecer su propio régimen. Entretanto, siguen apareciendo “nepobabies” por todos lados, como el sobrino del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y el hijo de Enrique Mineur, asesor del senador liberocartista Dionisio Amarilla, quienes con 26 y 18 años, respectivamente, acaban de ser contratados sin concurso como funcionarios permanentes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con remuneraciones de más de dos salarios mínimos para cada uno.
En el plano internacional, Santiago Peña se pasa viajando, pero no se ocupa de uno de los asuntos más importantes de la historia del país, que es la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú. Hace dos años que se cumplió el plazo de revisión y las tratativas, si existieron, están interrumpidas, mientras todos los días Brasil se sigue quedando con los excedentes energéticos paraguayos sin pagarle al Paraguay lo que valen.
La aparente intención subyacente del Gobierno al presentar este último paquete de supuestas “reformas” que no cambian nada es dar un golpe de marketing para convencer a una calificadora de riesgo de mantener el grado de inversión otorgado en 2024. No sabemos si logrará su objetivo, pero los paraguayos y los habitantes de este país saben cómo son las cosas, que no les quieran vender gato por liebre.