Entre los concejales que de pronto descubrieron que el patético intendente no siempre tiene razón figuran Luis Bello, Mariano Cáceres, Javier Pintos, César “Ceres” Escobar, Nasser Esgaib, Miguel Sosa, Marcelo Centurión, Jesús Lara, Carlos González, Juan José Arnold y Ramón Ortiz, este último “liberal”. Es plausible que se haya rechazado la solicitud, calificada de “inoportuna e improcedente” (Arnold), que sería una “prueba de la improvisación y la ligereza” (Pintos), una “granada sin seguro” (Sosa) y un “atrevimiento (Escobar). Como se dice, “mirá vos”, se les prendió la luz de repente.
Empero, sería excesivo hacer de los ediles convertidos repentinamente a la buena causa una suerte de héroes civiles, solo luego de que el gran jefe haya resuelto echar a los leones a su fiel subordinado. Es que la gran mayoría de la Junta Municipal ha venido confabulándose con Nenecho, ignorando la ley, la moral y el buen sentido. Habiendo aprobado los presupuestos y sus ejecuciones, estos concejales son corresponsables de los desmanes perpetrados, cuya máxima expresión ha sido el grosero escándalo de los 500.000 millones de guaraníes de los bonos.
Más allá de las corruptelas habituales, ese cuerpo colegiado tiene mucho que ver con el descalabro financiero, causado en gran medida por la superpoblación de funcionarios, contratados y jornaleros, que el interventor Carlos Pereira califica de “preocupante”. No son pocos los “operadores políticos” de los concejales que integran el plantel de nada menos que 9.119 asalariados, a los que se suman los 177 que están en comisión en otros organismos. El interventor aún no ha recibido los documentos que indiquen las tareas de cada uno de los funcionarios, pero ya sabe al menos que sus jornadas “laborales” difieren. En tal sentido, dispuso que quienes ocupan los cargos de mayor rango hagan en adelante lo que venían omitiendo, o sea, registrar sus entradas y salidas.
Si todos ellos asistieran a su lugar de “trabajo”, en el Palacete Municipal ya no cabría un alfiler. Quede librada a la imaginación del contribuyente asunceno responder la pregunta de qué hacen, entre otros, los 1.142 enchufados en la Junta Municipal. Si se quedan con su dinero para atender a 24 patrones directos, que se reúnen una vez por semana, están privando a la comuna de fondos para construir obras y prestar servicios que convengan a la población. La sustracción de hecho cuenta con el acuerdo y hasta la iniciativa de la gran mayoría de los concejales, que retribuyen así a sus respectivos operadores políticos, sin excluir a los parientes. La indignante cuestión es de muy larga data, siendo lamentable que, hasta hoy, no se haya creído justo ni necesario poner fin a este latrocinio apenas encubierto. Tuvo que ocurrir una intervención para que esta barbaridad surja a la luz con diversos detalles.
No todas las atrocidades administrativas y financieras son atribuibles exclusivamente a quien al parecer finalmente perdió el favor del poder político efectivo, sino también a una mayoría de concejales, quienes hoy quieren bajarse del árbol podrido. Asunción merece ediles más honestos e idóneos que los de hoy, al igual que una actuación mucho más intensa de las Juntas Comunales de Vecinos, de cuya existencia poco o nada se sabe. Si la Junta Municipal debe controlar al intendente, ella debe ser controlada por la propia ciudadanía en forma permanente. En suma: no hay que dejarles “el arco libre” ni al intendente ni a los concejales, para que no vuelva a ocurrir que la Municipalidad llegue a estar en “terapia intensiva”, como lo calificó el interventor Carlos Pereira.