El Consejo de Administración del IPS aprobó recientemente el uso de 67 millones de dólares de rentas acumuladas al 29 de mayo de 2025 por intereses financieros, arrendamientos y otros conceptos para pagar jubilaciones y pensiones. Se afirma que no se están consumiendo las reservas, sino “solo” las utilidades, pero ese es un tecnicismo engañoso, puesto que esas rentas deberían asignarse a preservar y engrosar el valor de dichas reservas y, en consecuencia, forman parte de las mismas. La realidad es que desde 2020 el IPS se está “comiendo la cola”, veinte años antes de lo que habían estimado los cálculos actuariales más pesimistas.
El Fondo de Jubilaciones y Pensiones del IPS tuvo superávit hasta la pandemia, cuando se le obligó a asumir presiones financieras no previstas en su carta orgánica –es decir, ilegales–, como la de pagar un virtual seguro de desempleo por suspensión de contratos laborales. Si aquello fue una situación extraordinaria, no lo fue el déficit consecuente, que no solamente se volvió crónico, sino que pegó grandes saltos, sin que el Consejo de Administración diera nunca explicaciones convincentes de las razones.
En 2019 hubo un superávit de 294.289 millones de guaraníes. Eso significa que el aporte de los asegurados activos todavía cubría con creces el pago de los haberes de los retirados, tal como se estructura en un sistema “de reparto”. En 2020 se produjo el primer desfase, de 160.153 millones de guaraníes. En 2021, el saldo rojo se redujo a 11.375 millones, pero volvió a repuntar en 2022, a 185.000 millones. Al cierre de 2023, ya bajo la administración de este Gobierno, el “agujero” se duplicó a 370.000 millones de guaraníes y nadie explicó fehacientemente por qué.
El resultado de 2024 y el proyectado de 2025 no se conoce a ciencia cierta, porque el instituto nunca lo informó oficialmente, más que con declaraciones aisladas de sus funcionarios, mientras que en el portal de la institución, donde aparecen enlaces de “transparencia” y “acceso a la información”, figuran los números ¡hasta 2017! Se habla de un déficit de 30 millones de dólares mensuales, pero, consultada al respecto por periodistas de nuestro diario, la gerente financiera, Gladys Vera, aseguró que se trata de un malentendido. Prometió enviar los datos correctos y actualizados. Hasta el momento, no lo ha hecho.
El lunes 7 de julio, organizaciones de jubilados hicieron una manifestación frente a la Contraloría para exigir una investigación. Según la diputada Rocío Vallejo (PPQ), que los acompañó, el contralor, Camilo Benítez, estuvo de acuerdo con la importancia del pedido y expresó predisposición de iniciar una auditoría financiera exhaustiva a partir de agosto. Por qué no inmediatamente, no lo dijo.
Una “auditoría financiera exhaustiva” del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del IPS es muy necesaria, pero muy tardía. Se debió haber hecho hace mucho tiempo, para dilucidar hasta el mínimo detalle las raíces del problema, deslindar responsabilidades, informar a la ciudadanía y hacer las recomendaciones que correspondan antes del agravamiento de la crisis, no cuando ya se llevan consumidos más de 150 millones de dólares de las reservas.
Pero, además, tampoco es suficiente. Queda claro que el trabajo de la Contraloría en el IPS, que tiene un síndico permanente en la institución, no alcanza. A fines de 2023 se aprobó una ley que crea una Superintendencia de Pensiones y un Consejo Nacional de Seguridad Social, pero han pasado casi dos años y sigue sin ponerse en vigencia. Las cajas jubilatorias manejan ahorros de la gente, que en el caso del IPS son compulsivos, y es un despropósito que sigan funcionando sin supervisión independiente y superior, con un ente especializado que les imponga ratios de solvencia y normas de administración con estándares internacionales.
Por ejemplo, el IPS tiene 25.000 funcionarios, lo que, para tener una idea, es más del doble que los de la Municipalidad de Asunción. También destina el 7,5% del total de sus ingresos brutos a “gastos de administración”, que no incluyen los salarios del personal de blanco y los gastos administrativos específicos del Fondo de Enfermedad y Maternidad, o fondo de salud. A modo de comparación, las administradoras privadas de fondos de pensión en Chile cobran hasta un máximo de 1,5%, y eso ya contempla su gestión y su ganancia.
Antes de la pandemia, los cálculos actuariales indicaban que, si no se tomaban medidas, como universalizar las contribuciones, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones entraría en déficit en 2038 y las reservas durarían otros veinte años más antes de terminar de agotarse. Las medidas no se han tomado y los plazos se han acortado dramáticamente. Estamos entrando en una crisis de inmensa magnitud.