El sistema nacional de pagos es la red en la cual se realizan las transacciones de dinero y valores en la economía. En la actualidad, solo una parte pequeña de las mismas se hace en efectivo o en cheques, como antaño. La mayor parte se realiza por medio de tarjetas de crédito y de débito, transferencias intra e interbancarias y, últimamente, mediante una nueva diversidad de medios electrónicos. Para el usuario corriente, pagar y cobrar es algo casi automático, pero, para que un monto llegue de una cuenta a la otra se pone en marcha todo un complejo operativo de servicios relacionados con registros, seguridad y compensaciones que hacen que el proceso sea posible y confiable.
En el mensaje del Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores, donde se inició el “estudio” del proyecto en el Poder Legislativo, se señala que, desde la promulgación de la ley vigente, la 4595, en el año 2012, el ecosistema de pagos en el país ha experimentado transformaciones significativas. Señala que “la digitalización de los servicios financieros, la creciente adopción de soluciones tecnológicas y la aparición de nuevos actores en el mercado han cambiado la dinámica de los pagos electrónicos”.
En consecuencia, subraya que la ley que regula el sistema de pagos no responde plenamente a los desafíos y que la regulación debe adaptarse para mitigar los riesgos asociados al avance de la digitalización, tales como el fraude, los ciberataques y la protección de datos personales.
Hasta aquí, todo bien. De hecho, el Banco Central del Paraguay realizó una ronda de seminarios y consultas y puso a disposición de los interesados el texto del proyecto de ley ya desde octubre del año pasado, con el fin de dar tiempo y espacio para consultas, observaciones y sugerencias.
Todos los “actores” estaban contestes y hasta entusiasmados con la nueva ley, pero se toparon con la sorpresa de que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso era diferente al que había estado durante más de seis meses en el portal del BCP para su “socialización”.
Particularmente, el Gobierno de Santiago Peña incluyó dos incisos, el “e” y el “q” en el artículo 4, que en su parte neurálgica establecen textualmente: “Cuando una misma persona física o jurídica –o dos personas distintas pero vinculadas o controladas– participen simultáneamente en más de un rol dentro del sistema, el BCP podrá exigir la implementación de medidas de separación que aseguren la independencia funcional, organizacional, contable y en los procesos de tomas de decisiones” (las negritas son nuestras).
No solamente esta y otras disposiciones contenidas en ambos incisos no estaban en el proyecto previamente divulgado, sino que el mismo fue aprobado sin modificaciones y sin más trámites en ambas cámaras con mayoría oficialista, no se escuchó a la Asociación de Bancos del Paraguay, que pidió que se lo pasara a comisiones para un mejor estudio de esas cláusulas, fue raudamente sancionado e inmediatamente devuelto al Poder Ejecutivo, que lo promulgó e hizo ley en menos de 24 horas.
Para llamarlo por su nombre y para que puedan entender quienes no estén muy familiarizados con el tema, estos incisos solo pueden presagiar futuras acciones “anti-Bancard”.
Bancard, que es una compañía integrada por catorce bancos y dos financieras, es la principal, pero no única, operadora privada en el sistema de pagos en el país. No existe ninguna prohibición para entrar en el negocio más que cumplir las normas establecidas, pero Bancard tiene ventajas competitivas por ser una de las pioneras y estar hace cuarenta años en el mercado, por lo que a muchos les resulta difícil equiparar o mejorar sus precios. La idea sería obligar a Bancard a dividirse para facilitarle el camino a cierto grupo en alguno de los segmentos del proceso, aun cuando ello pudiera resultar en un incremento del precio para los usuarios.
El propio Poder Ejecutivo admite que no existe monopolio en el sector al mencionar expresamente en su exposición de motivos la “aparición de nuevos actores en el mercado”. Pero, aun si existiese, esa no es ni puede ser tarea del BCP, y menos materia de decisión discrecional, como parece indicar la ley aprobada. En todo caso, debe ser analizado por la Comisión Nacional de la Competencia, que solo puede dictaminar con fundamentos conformes a la reglamentación vigente. Tristemente, la Conacom, tan presta a intervenir con “órdenes de arriba”, como pasa ahora con el sector de combustibles, se apuró a emitir un comunicado para lavarse las manos y renunciar sumisamente a sus facultades.
Todo esto ocurre en un ambiente de fuerte susceptibilidad en el sector, con dudas sobre la supervisión de un holding al que hasta hace poco estuvo formalmente ligado Santiago Peña y cuyo expresidente es el actual titular del BCP, Carlos Carvallo Spalding. Si el Presidente de la República quiere usar la ley, la estructura del Banco Central y su propia influencia para favorecer intereses particulares en un área tan sensible como la financiera, negros nubarrones se avecinan.