Esta conformación de la máxima instancia judicial se produjo luego de 15 meses de inhibiciones de magistrados que dilataron el estudio de uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la Justicia paraguaya, la cual debe decidir si declara inconstitucional o no la destitución de la mencionada exlegisladora del Senado, por voto de 23 senadores pese a haber sido electa por más de cien mil ciudadanos.
Sin embargo, lo indignante del caso no es el hecho del proceso de pérdida de investidura, ya que esta es una herramienta constitucional prevista en el artículo 201 de la Carta Magna, para aquellos casos en los cuales los diputados o senadores que cometan uso indebido de influencias y estas sean fehacientemente comprobadas, sino que las acusaciones formuladas en contra de la exsenadora González fueron desestimadas posteriormente por la Justicia paraguaya, con lo cual, quedó en evidencia que la misma no cometió uso indebido de influencias y mucho menos que estas hayan sido fehacientemente probadas. Es decir, quedaron desvanecidas las causales de expulsión y por lo tanto, esta medida se convierte en arbitraria e inconstitucional.
Pero sin perder la costumbre de “seguir sorprendiendo”, el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), declaró públicamente que conversará con sus colegas para que no den cumplimiento a una eventual declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, amparándose en lo que él considera “independencia de poderes”, que a tenor de lo declarado, consiste en que el Poder Legislativo puede desacatar cuando se le antoje las decisiones del Poder Judicial, provenientes incluso de la máxima instancia. ¿Será que para Núñez esta supuesta “independencia” también significa que los miembros del Poder Ejecutivo o Judicial pueden desacatar las leyes dictadas por el Parlamento cuando quieran?
El equilibro e independencia de poderes, pilar de una democracia representativa, consiste en que ningún poder tenga injerencia sobre otro y evita lógicamente la concentración de todo el poder en uno solo, propio de los gobiernos dictatoriales. Sin embargo, la descabellada interpretación de este principio democrático atenta contra el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la voluntad popular, desnaturalizando la función principal del Poder Judicial, y en especial, de la Corte Suprema de Justicia, de declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones, aunque estas sean producto de un juicio político.
Bien se sabe que Paraguay es signatario de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual se ha comprometido a respetar las garantías del debido proceso. Es así que en el artículo 8 se menciona que dichas garantías deben ser respetadas siempre que una autoridad determine sobre sus derechos de cualquier índole, y en cualquier fuero. En ese sentido, la Corte Interamericana condenó al Estado paraguayo por la destitución a través del juicio político de dos ministros de la Corte en aquel momento, Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, y ordenó al Estado paraguayo a pagar una millonaria indemnización de más de 800.000 dólares que saldrá del bolsillo de cada uno de los paraguayos, por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos.
Este es el futuro que le espera al país en el caso de la exsenadora Kattya González de no acatarse por parte del Senado una eventual declaración de inconstitucionalidad. Y en el caso de la Corte, de rechazarse la acción planteada y confirmarse la arbitraria resolución de expulsión, estaría sepultando la poca esperanza del pueblo en una justicia independiente y demostrarían con ello el absoluto sometimiento al poder político, sin necesidad de que el Poder Legislativo se desluzca aún más con un desacato.
Sea cual fuere el resultado, el país se encuentra posiblemente frente a uno de los mayores desafíos de la era democrática en el cual, el Poder Judicial puede optar por restablecer el imperio de la Constitución o terminar de someterse al poder político, y por otro lado, el Poder Legislativo puede incurrir en un salvaje atropello a la Constitución, las leyes y la voluntad popular.
Pero más allá del caso Kattya González, el pueblo debe entender que no se trata de individualismos, ya que, así como ella, mañana puede correr la misma suerte cualquier adversario político que no se doblegue a la voluntad de la mayoría coyuntural en el poder, como lo hicieron los liberocartistas y los ejemplares del transfuguismo, que desesperados se mimetizaron en una estructura en busca de protección, a costa del mandato encomendado por el pueblo paraguayo. Y eso no solo es grave, sino que es la antesala de un gobierno autoritario, al que nunca más se debe volver.