Por un decreto del Gobierno argentino, se supo aquí de la existencia de un presunto acuerdo previo para fijar una tarifa única para ambas partes de 28 dólares el MWh hasta el 31 de diciembre de 2025, algo que fue destacado como una “gran conquista” por el presidente Santiago Peña, y como algo “histórico” por el director paraguayo, Luis Benítez Cuevas, quien, al parecer, ni conoce el Tratado, ya que lo confundió con una nota reversal nunca ratificada por el Paraguay.
Ahora bien: suponiendo que a partir de ahora sí se pague esa tarifa, lo que en el mejor de los casos implicaría una recaudación anual de 500 millones de dólares, que, a lo sumo, darían para costear los gastos de explotación, ¿cómo se va a pagar todo el resto?
El argumento, en las palabras de Benítez Cuevas, es que “por primera vez se logró que ambas márgenes paguen” lo mismo. “El tratado original de 1973 establecía una tarifa de 50 dólares el MWh, pero nunca se cumplió. Durante 30 años Argentina pagó lo que quería, 17, 18, 21 dólares y Paraguay tenía una tarifa fija de US$ 22,63, era absurdo que por la misma energía se pagaran precios distintos” (sic), dijo Benítez.
El que en Yacyretá cada quien paga lo que quiere, como parte del absoluto descontrol y descalabro político y administrativo de la entidad binacional, es totalmente cierto, por increíble que parezca. Pero hasta ahora, por lo menos, había una tarifa de referencia de 51 dólares el MWh y estaba implícito que en algún momento se haría una compensación de cuentas para resarcir la parte no abonada y, en todo caso, descontarla de la deuda de la EBY (no del Paraguay, como maliciosa y engañosamente se suele señalar en el vecino país) con el Tesoro argentino, que constituye la mayor parte del pasivo, o con nuestro país, al que, por ejemplo, nunca se le pagó por aportar el 80% del territorio inundado.
Tal parece que ahora ni siquiera se tiene en vista una futura compensación de cuentas para equiparar el descalce, ya que no se hace ninguna mención de ello en el decreto de Javier Milei, como tampoco de las cláusulas del Tratado que obligan taxativamente a cubrir todos los costos de la entidad, incluyendo los intereses y la amortización de la deuda.
Tampoco las autoridades paraguayas han dicho una palabra al respecto. Al contrario, Santiago Peña, de manera exultante, dijo que “estamos muy entusiasmados y muy contentos de haber alcanzado este nuevo logro” y que este “paso concreto” dará “sostenibilidad financiera” a la EBY. Por favor, que explique a la ciudadanía cómo se puede llegar a ese objetivo con una tarifa violatoria del Tratado que ni por asomo permite pagar las cargas financieras ni los otros componentes del costo de Yacyretá, más que los sueldos (que pareciera ser lo único que les interesa) y la operación básica.
Distinto habría sido, por ejemplo, si se fijara esta tarifa, porque es la que se puede pagar, pero paralelamente se acordara una fórmula para que las partes, y especialmente Argentina (que, recordemos, ha consumido el 97% de la energía generada por Yacyretá), compensasen la diferencia a cuenta de lo que se les debe.
Yacyretá requiere soluciones de fondo que pasan, en primer lugar, por sanear la deuda, que nadie sabe a ciencia cierta a cuánto asciende (Argentina dice que se le debe 30.000 millones de dólares, pero solo 4.000 millones están documentados) y, en segundo lugar, estableciendo una tarifa que permita cumplir con un cronograma de pago. Solo así se conseguirá la “sostenibilidad financiera”, y no con parches que, además de violar el Tratado, no hacen otra cosa que seguir escondiendo el problema bajo la alfombra.