El vicepresidente Pedro Alliana, en ejercicio de la presidencia de la República, nombró miembro del Consejo de Administración de Yacyretá a un seccionalero de Cordillera que el año pasado había sido destituido por Santiago Peña de su cargo de viceministro de Salud. Entra en reemplazo del Ing. Ángel María Recalde, quien, al margen de muchos cuestionamientos, era el único representante paraguayo con conocimiento y experiencia en la materia. Paralelamente, la opinión pública paraguaya se entera por un decreto en Argentina que hay un acuerdo para establecer una tarifa muy por debajo del costo, sin que se informe quién y cómo compensará la diferencia. Así se maneja y así defiende el interés nacional este Gobierno cambalache.
El nuevo consejero, Miguel Olmedo Leites, se presenta como “médico del trabajo” con especialidad en administración hospitalaria, a quien, más que por su alegada profesión, se lo conoce por su militancia en la corriente cartista del Partido Colorado, al que, según sus propias palabras, “se le deben los cargos”. Peña no dio explicaciones claras de por qué lo destituyó en abril del año pasado pese a la resistencia de sus correligionarios. En efecto, en su momento, su separación causó revuelo en las carpas cartistas y hasta se llegó a pedir la intervención de Horacio Cartes, pero el Presidente se mantuvo en su decisión.
El que sea Alliana, y no Peña, el que, un año después, restituya a Olmedo con un alto y muy apetecido cargo en la administración pública, para el cual no tiene ninguna calificación, constituye una palmaria desautorización al Presidente de la República, que queda expuesto ni más ni menos que como un pelele, ya no importa lo que hagan después para intentar justificarlo. Sea que hubiese conocido y aceptado la medida de antemano, como es dable suponer, o que directamente lo hayan “puenteado”, para el caso es lo mismo. Alliana firmó el decreto –el único que emitió en las reiteradas veces que reemplazó a Peña por ausencia– un día antes del regreso del titular, por lo que no hay excusas. Si Peña no quiso firmar para no desdecirse, pero permitió que lo hicieran por él, es todavía peor.
Adicionalmente, con esta medida se vuelve a proyectar la imagen de Alliana como un mandamás por encima de Santiago Peña, sobre todo en las binacionales, algo que debería ser privativo del Presidente como único facultado a ejercer el Poder Ejecutivo, una función definida como unipersonal por la Constitución Nacional.
Es sabido que el vicepresidente hace y deshace en Yacyretá, como si fuera su coto privado. Para empezar, hizo que se nombrara como director paraguayo a su compueblano y hombre de confianza Luis Benítez, cuya “idoneidad” para el puesto consiste en una licenciatura en “relaciones internacionales” expedida por una universidad de garaje de muy dudosa reputación, la misma donde supuestamente se “recibió” también su padrino.
Y así nos va. La Entidad Binacional Yacyretá es un completo desastre, con una situación “catastrófica”, según su director financiero. Nadie sabe a cuánto asciende la deuda, cuál es la tarifa, cuánto y cuándo paga cada país. El consejero saliente Ángel María Recalde confirmó que desde abril de 2023 Argentina no realiza desembolsos por el retiro de energía, por lo que se ha tenido que recurrir a préstamos para cubrir gastos corrientes y pago de sueldos, como el que percibirá a partir de ahora el flamante nuevo integrante del Consejo.
Entretanto, mediante un decreto en Argentina se supo que existe un acuerdo para fijar una tarifa de 28 dólares el megavatio/hora, similar a la de Itaipú, con la salvedad de que esta última ya está totalmente amortizada, mientras que Yacyretá supuestamente todavía debe 30.000 millones de dólares. Esa tarifa está muy lejos de cubrir el costo de la EBY si se consideran esas cargas financieras, lo cual es violatorio del Tratado. Nadie explica cómo se cubrirá la diferencia.
Las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá generan energía proveniente de un valioso recurso natural de todos los paraguayos. Allí deberían estar los mejores hombres y mujeres del país, pero los gobernantes las usan para los cupos políticos, la gran repartija y el enriquecimiento particular. Una vez más, lamentablemente, queda demostrado.