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Desde un principio se sabía que, por una cuestión de tamaño y de poderío económico, el que “decidiría” no utilizar toda la energía que le correspondía sería Paraguay, con lo cual, en la práctica, se vería obligado a “autorizar” a Itaipú a cederle al Brasil todos sus excedentes, a cambio de una “compensación” absolutamente arbitraria e irrisoria, totalmente divorciada del valor real de esa energía, que aún hoy, después de varios ajustes, sigue estando groseramente por debajo del “justo precio” que se había acordado en el Acta de Yguazú de 1966, principal antecedente jurídico y político del Tratado.
Si Paraguay produce más energía de la que puede utilizar, lo lógico es que pueda vender el remanente a precio de mercado, como ocurre, por ejemplo, con cualquier país exportador de petróleo. En los papeles, Paraguay es dueño del 50% de Itaipú. Lo correcto sería que pudiera vender sus excedentes, y si Brasil quiere comprarlos, que pague por ellos lo que valen, ya hechos todos los descuentos que se tengan que hacer por costo de producción, servicio de la deuda y cualquier otro concepto, todo lo cual ya de por sí tiene que estar contemplado en la tarifa de Itaipú, también regulada por el Anexo C.
Esto, que debería ser normal en cualquier sociedad comercial equitativa, no ha ocurrido jamás en Itaipú. Desde que comenzó a operar la primera turbina en 1984, Brasil se ha quedado con el 90% de la energía generada por la hidroeléctrica y Paraguay nunca ha recibido la diferencia que le debía corresponder por su parte, insistimos, ya descontados todos los costos, incluidos los correspondientes a la construcción de la central. La justificación esgrimida en su momento fue que Paraguay no tenía la capacidad financiera ni para adquirir su parte de la potencia ni para hacerse cargo de su parte de la construcción de Itaipú, pero es una justificación falaz, primero porque la poca capacidad financiera de uno de los dueños condóminos del recurso no es motivo valedero para aprovecharse del más débil, y segundo porque Itaipú se autofinanció de principio a fin. No solamente a Brasil no le costó un centavo, sino que se benefició enormemente con intereses usurarios, como principal acreedor de una deuda exorbitantemente inflada.
Con todo, Brasil siempre se amparó en el principio “pacta sunt servanda”, lo firmado es lo firmado, los contratos son ley entre las partes, y, nos guste o no, lo cierto es que Paraguay firmó y ratificó el Tratado de Itaipú. Sin embargo, el mismo Anexo C, en su artículo VI, establece que sus disposiciones “serán revisadas” a los cincuenta años de su entrada en vigor, teniendo en cuenta el grado de amortización de las deudas contraídas y la relación entre las potencias contratadas.
La deuda por la construcción de Itaipú está plenamente cancelada y, por lo tanto, se acabaron las excusas, mientras que el plazo de revisión se cumplió el 13 de agosto de 2023, exactamente en coincidencia con la inauguración del mandato de Santiago Peña. Pero ha pasado más de un año y medio, todo sigue igual, Paraguay hasta el día de hoy sigue “cediendo” sus altos excedentes en Itaipú al Brasil, y encima el Gobierno suspende unilateralmente las negociaciones. El statu quo le es sumamente favorable al Brasil. Desde su punto de vista, cuanto más se postergue la negociación, mejor. Para nuestro país, todo lo contrario.
El Presidente declaró que la suspensión de las negociaciones es “un acto de defensa de la soberanía paraguaya”. De ninguna manera. La defensa de la soberanía pasa por plantearle al Brasil su mismo argumento: pacta sunt servanda, que se cumpla lo firmado, que se ejecute el plazo acordado y que se eliminen sin más demoras las inicuas cláusulas leoninas contra el Paraguay. Santiago Peña no muestra interés en ello.