Recientemente, el presidente de la asociación de Agua Dulce, Celso Muxfeld, expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el Alto Chaco debido a las intensas lluvias, lo que genera una escasez de carne en el mercado nacional por la baja producción y la imposibilidad de mover camiones pesados. Entre las zonas más afectadas se encuentran Madrejón y Montanía, donde los cultivos de pastura están deteriorándose. En el caso de la ruta que une Toro Pampa con Fuerte Olimpo, indicó que la inundación llegó a su punto más crítico, perjudicando no solo el cultivo y la producción agropecuaria, sino generando un completo aislamiento a los pueblos indígenas de la zona.
Esta situación climática obligó a varias familias, en especial del departamento de Fuerte Olimpo, a tener que abandonar sus hogares. En el caso de los pueblos indígenas esto no solo representa un desplazamiento forzado, contrario a los compromisos en materia de derechos humanos que tiene el Estado paraguayo, sino que también obliga a las comunidades nativas a abandonar sus suelos ancestrales y generan las bases de una perdida cultural, sumado a la precaria situación que padecen los pueblos originarios de la zona y la eterna lucha por la reivindicación de sus derechos, empezando por el acceso al agua potable, lo básico para la supervivencia.
Pero bien se sabe que las “emergencias” en Paraguay son, en su mayoría, previsibles. Los efectos climáticos como las inundaciones y las sequías se dan de manera cíclica, con predicción incluso de los meses en los que afectan. Lo mismo ocurre en el ámbito de la salud pública; cada invierno, en Paraguay se acrecientan los virus respiratorios que hacen colapsar los hospitales públicos, y cada verano, el dengue suele ser el actor protagónico de la emergencia sanitaria, que obliga a decretar nuevamente un “estado de emergencia” y habilita el discrecional uso de recursos públicos, con lo que eso conlleva para la falta de transparencia en la rendición de cuentas.
Entonces, no pueden sorprender los impactos negativos que las inundaciones generan para las comunidades rurales en territorio chaqueño, provocando el aislamiento, en especial a los pobladores de Alto Paraguay y Boquerón por causa de los caminos intransitables. También se sabe del serio impacto en la ganadería que afecta a la producción de Alto Paraguay, donde se concentra una gran cantidad de ganado que no solo se exporta, sino que se consume a nivel país, y que genera un desabastecimiento en la canasta básica. Además de eso, también se conoce el daño que producen las inundaciones a la infraestructura, ya que afecta a las pequeñas construcciones de la zona, de familias que viven en un estado de abandono con viviendas precarias que terminan colapsando por el efecto climático. Otro de los impactos que el Gobierno conoce es la pérdida de cultivos, el aumento de enfermedades y, por supuesto, la grave afectación a los pobladores de comunidades indígenas.
Pero para el “experto economista” que hoy dirige las riendas del país en el cargo de Presidente, pareciera que todo esto se soluciona con la distribución de “bolsitas de alimentos” a una parte de la población en riesgo, creyendo tal vez que el asistencialismo de Estado es la solución a los problemas endémicos del Chaco paraguayo, cuando en realidad, una de las causas de las devastadoras inundaciones es la falta de planificación para el uso del río Pilcomayo, ya que a lo largo de los años no se ha conseguido un aprovechamiento de sus aguas a través de un diseño de obras hidráulicas y tareas de coordinación entre los establecimientos productivos de la zona.
Las obras hidráulicas deberían ser uno de los objetivos prioritarios para Santiago Peña si en verdad desea dar una solución eficaz a todos los problemas que genera la inundación, y la sequía en esa parte del territorio chaqueño, pero, sin embargo, prefiere mantener una actitud reactiva ante la emergencia, cuando es sabido que la única beneficiada con un constante “estado de emergencia” es la CORRUPCIÓN, no el pueblo paraguayo, que tiene derecho a un correcto uso de manejo del dinero público, a obras planificadas y a políticas públicas sostenibles.
Otro de los objetivos de un gobierno planificador y no improvisado debería ser la reforestación del territorio chaqueño, conservación de humedales naturales cercanos al Pilcomayo, que actúan como barreras naturales para las crecidas, y el combate a las talas ilegales que convierten una región boscosa y apta para resistir intensas lluvias en un territorio desértico y propicio para las inundaciones.
Sin embargo, el gobierno actual se ha caracterizado por la nula aceptación de críticas, por utilizar a niños y niñas para corear agradecimientos inmerecidos, por alardear de la provisión de necesidades básicas, como alimento escolar, útiles escolares o abastecimiento de energía eléctrica, y hasta por negarse a dar discursos, en el caso del presidente Peña, cuando no existe un auditorio de adulones dispuestos a aplaudir lo que debiera ser una obligación, y no un favor.
Paraguay no necesita asistencialismos, el pueblo chaqueño no puede conformarse con una “bolsita de alimentos” que ni siquiera alcanza para toda la población en riesgo. El Chaco, y en general el pueblo paraguayo, necesita planificación por parte de sus autoridades, compromiso, decisión y menos corrupción. Y el que no esté a la altura debe ser echado como corresponde, por la puerta de la vergüenza.