Falta de planificación y control en millonario almuerzo escolar

Un severo informe presentado al Congreso por la Contraloría General de la República (CGR), tras haber inspeccionado en los últimos cinco meses 300 centros educativos de la capital y del interior del país, dio cuenta de múltiples irregularidades en la ejecución del programa gubernamental Hambre Cero, lanzado con bombos y platillos el año anterior; hasta 2027, las empresas contratistas cobrarán mil millones de dólares provenientes del Tesoro Público y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, pero por de pronto los frutos de la inversión serían lamentables. Entre otros serios defectos, los fiscalizadores detectaron a menudo que el almuerzo no llegaba a todos los alumnos y que carecía de los ingredientes previstos para una buena alimentación, como en el caso de la escuela de una comunidad indígena del municipio chaqueño de Mariscal Estigarribia que, además no tiene agua potable, energía eléctrica ni personal de cocina y de limpieza: solo dispone de una letrina, pero no así de un comedor, de modo que los pequeños comensales consumían en el aula porciones de poroto hervido sin el uso de cocinas y otros equipos básicos. El contrato respectivo fue adjudicado por 118.878.000.000 de guaraníes a la firma Granos y Aceites Sociedad Anónima, Comercial y Agropecuaria, que ya recibió una sanción pecuniaria debido a incumplimientos varios; la CGR sugiere que los casos graves conduzcan a la rescisión contractual.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas –presidente del Consejo de Alimentación Escolar–, se lava las manos, aduciendo que las peores irregularidades se registran en el interior del país, donde el control es ejercido por los gobernadores departamentales, aunque agregó que si ellos no aplican las recomendaciones de la CGR, pedirá la intervención de esta e incluso la del Ministerio Público si hay “flagrancia” (?); por de pronto, atribuyó la falta de provisiones en el Chaco a las dificultades de acceso y la insuficiencia de otras a los frecuentes cambios en el Registro Único del Estudiante (RUE), en el que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anota las autorizaciones de las familias de los alumnos para recibir los alimentos; entretanto, ya se le habría pedido a dicho ministerio que bloquee el RUE para que no vuelvan a existir cambios al menos hasta julio. Las serias dificultades aún observadas en la ejecución del programa “estrella” resultan de la falta de planificación adecuada y de control estricto. Dado que la triste experiencia enseña que no cabe confiar en la eficiencia del aparato estatal, es necesario que la comunidad educativa se movilice en defensa incluso de la salud de los estudiantes, amenazada por los productos suministrados que son “de mala calidad y muy escasos”, según manifestó una madre a los fiscalizadores de la CGR.

Las vergonzosas condiciones ambientales y alimentarias verificadas en la escuela de la comunidad indígena, de las que también es parcialmente responsable el MEC, implican un agravio a los alumnos y a sus padres; lo que importaba era lanzar a como dé lugar un emprendimiento del que el Gobierno pueda ufanarse, sin asegurarse de que no haya tropiezos. De hecho, la comunidad educativa resultó víctima de un engaño causado por la indolencia, la ineptitud y hasta –quizá– la corrupción: se generó la ilusión de que los alumnos de hogares de bajos ingresos iban a ser bien alimentados, pero hasta la fecha solo han sufrido un penoso desengaño; así como en Coronel Oviedo se ha inaugurado un hospital general inconcluso, en todo el país se puso en marcha un proyecto impactante, sin que se hayan ajustado todas las piezas para su buen funcionamiento: la imperdonable torpeza, en el mejor de los casos, desacredita a un Gobierno propenso a los golpes propagandísticos que desvíen la atención de las múltiples corruptelas que lo distinguen.

El programa en cuestión fue concebido a los apurones, sin que se haya contado con los recursos humanos y materiales idóneos para que la alimentación saludable y sostenible de los alumnos de las escuelas públicas sea una feliz realidad y no algo muy parecido a un embuste, como lo es hasta la fecha. En las actuales circunstancias, urge que los padres se pongan en campaña, poniendo también ellos bajo la lupa el cumplimiento de los contratos por parte de las firmas proveedoras y el propio control que se debe ejercer desde el aparato estatal; como es mucho lo que está en juego, es preciso denunciar todas las irregularidades que vayan surgiendo, para que no se siga tomando el pelo a la ciudadanía.

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