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Los concejales Álvaro Grau (PPQ) y Humberto Blasco (PLRA) llamaron la atención sobre el desvío de fondos y el descalabro financiero, sin que el intendente los desmienta porque no tuvo a bien asistir a la sesión: el primero denunció la obtención –a espaldas de la Junta Municipal– de tres créditos a corto plazo por un total de 279.000 millones de guaraníes, el uso de 8.700 millones de guaraníes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para fines ajenos a los de su ley de creación y la deuda global de 329.000 millones de guaraníes con el Estado, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal; el segundo sostuvo que la crisis financiera es tan grave –el 58% del patrimonio municipal estaría comprometido en deudas– que no se llegaría a fin de año sin pedir un nuevo préstamo, pues el “déficit estructural” no podría ser cubierto con los ingresos corrientes, o sea, la Municipalidad está en bancarrota, sin que hasta hoy la Contraloría General de la República (CGR) se haya ocupado de un tema tan apremiante como este, que exige urgentes medidas de saneamiento institucional.
Los ediles que aprobaron la rendición de cuentas serían corresponsables de la situación señalada, así como del desvío de fondos denunciado; vale señalar que entre ellos hubo colorados no solo cartistas, sino también “liberales”, de modo que la componenda con el jefe comunal trascendió las fronteras político-partidarias. La vergonzosa Junta Municipal no ejerce su función de control, sino que “blanquea” un desempeño nefasto de quien no dio explicaciones satisfactorias a la CGR acerca del destino de lo ingresado gracias a los bonos emitidos ni seguramente podrá darlas frente al Ministerio Público. Todo indica que las maniobras de Nenecho –toleradas por los ediles– se extienden a otros asuntos que exigen una auditoría de la CGR que eventualmente lleve a la intervención de la ruinosa Municipalidad, “por grave irregularidad en la ejecución del Presupuesto o en la administración de sus bienes”. Conviene también que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción se ocupe además de las presuntas ilicitudes en cuanto al uso del dinero del Fonacide, considerando siempre que la gran mayoría de los ediles incumple su función de control, por indiferencia o por algún motivo inconfesable.
La desgracia financiera municipal –correlativa al pésimo estado de las plazas y de las vías públicas, entre otros bienes– es atribuible no solo al intendente, sino también a los concejales que le permiten hacer o dejar de hacer cuanto se le ocurra, traicionando a los vecinos; a la hora de fijar prioridades, su propio interés y el de sus respectivas clientelas figuran en los primeros lugares, como si no tuvieran que rendir cuentas a nadie, ni siquiera informalmente: desean pasar más bien desapercibidos, razón por la que la mayoría de ellos se opuso a que la votación relativa a la rendición de cuentas del bochornoso intendente sea nominal: por lo visto, aún pueden sentir vergüenza, pese a todo.