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Es por ello que, tras el reciente asesinato en una cárcel de Colombia de Francisco Luis Correa Galeano, sicario y testigo clave en el crimen de Pecci que había llegado a un acuerdo de delación premiada con la justicia colombiana, las sospechas de que la muerte del mismo se produjera con la finalidad de “eliminar” cabos sueltos ha ganado fuerza. Recordemos que Correa Galeano había manifestado en una declaración que la orden de ejecutar a Pecci provino de Paraguay.
El paso del tiempo sin conocer la identidad del autor o los autores morales de este magnicidio, la nula respuesta de la Fiscalía paraguaya en un caso emblemático para dicha institución y para el país, el sospechoso traslado de Correa a una cárcel en Colombia caracterizada por el hacinamiento y la inseguridad siendo este un testigo clave, y las declaraciones brindadas en su oportunidad que fueron minimizadas por la Justicia paraguaya, motivaron la convocatoria a una sesión reservada de la Comisión Permanente del Congreso, con el fiscal general del Estado y los fiscales y otras autoridades relacionadas con la investigación y la coordinación con la justicia colombiana.
Sin embargo, sorpresivamente los miembros de la bancada de Honor Colorado y sus satélites dejaron sin quorum la reunión con las autoridades, en la cual se pretendía tener conocimiento sobre los avances investigativos del caso. Esta llamativa ausencia de los legisladores cartistas y otros que responden al sector embarra aún más el ya comprometido escenario respecto de este cobarde asesinato, poniendo más sombra que claridad y despertando nuevas interrogantes como, por ejemplo: ¿quién dio la orden de dejar sin quorum la sesión reservada con las autoridades investigativas? ¿Por qué los legisladores cartistas y sus satélites no quieren que se hable del crimen de Pecci? ¿Qué gana el cartismo con el silencio de la Fiscalía?
No obstante, y en sintonía con la opacidad y la escasa comunicación del fiscal general del Estado para con la ciudadanía, poco después del levantamiento de la sesión por falta de quorum, el Ministerio Público informó a través de un comunicado sobre la existencia de un “convenio” entre la fiscalía de Colombia y la de Paraguay respecto de la confidencialidad de la investigación, suscrito en octubre de 2024. Sin embargo, según la página oficial de la Fiscalía, el convenio existente habla sobre la creación de un “Equipo conjunto de investigación (ECI) entre el Ministerio Público de la República del Paraguay y la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia” y en ningún párrafo del referido acuerdo se menciona sobre la confidencialidad alegada por Rolón en su comunicado, y mucho menos sobre que esta pueda ser causal de revocación del convenio. Entonces, ¿por qué el fiscal general del Estado desea guardar silencio y no dar explicaciones sobre los avances investigativos a la Comisión Permanente del Congreso? ¿Qué oculta el fiscal general? o, más bien, ¿será que tiene algún avance la investigación?
Ante todo el bochorno y la poca importancia que se está dando a este caso trascendental, la viuda del fiscal Pecci, Claudia Aguilera, brindó su testimonio a través de un video en el cual expresa su deseo de “mayor justicia” para su esposo, pidiendo una lucha verdadera contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, ni sus propios colegas, a través de la Asociación de Fiscales, ni los diferentes gremios que abogan por una justicia y la lucha contra la impunidad han cuestionado la llamativa actitud de los legisladores cartistas y sus satélites, que obedeciendo presuntamente alguna orden, dejaron sin quorum la sesión reservada, o el inquietante silencio de Emiliano Rolón que, lejos de honrar la memoria de uno de sus fiscales, muerto a manos de la mafia, solo atina a decir que ni “Mandrake” el mago podrá resolver el crimen, y por si fuera poco, alegando una cláusula de confidencialidad inexistente según lo que se puede observar en la página del Ministerio Público.
Quedan todavía muchas preguntas sin respuestas, muchos actores que optan por el secretismo, la indiferencia o el silencio. ¿Quién dio la orden de matar a Marcelo Pecci? ¿Por qué asesinaron al testigo clave? ¿Por qué el cartismo huyó de una sesión reservada con los investigadores del crimen? ¿Por qué el fiscal general alega confidencialidad cuando no existe tal cláusula en el Convenio? ¿Por qué los gremios de abogados y fiscales no se manifiestan ante tales interrogantes? Mientras no tengamos estas respuestas, la mafia y el crimen organizado seguirán consolidándose en Paraguay.