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Esta vez estuvieron todos de acuerdo, oficialistas, colorados disidentes, satélites y opositores, con muy aisladas excepciones, como las de los senadores Ignacio Iramain (PEN) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quienes solitaria e inútilmente se opusieron a una evidente violación del principio de igualdad ante la ley.
El proyecto de reprogramación fue presentado por Arnaldo Samaniego (ANR), pero fue el senador expulsado del PLRA Dionisio Amarilla quien le introdujo las modificaciones necesarias para derogar una prohibición específica establecida en 2019, justamente por la indignación que había causado en la ciudadanía un hecho similar durante el período anterior, que impedía que el Estado subsidiase al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo. Hasta los fustigadores más acérrimos de Amarilla en su expartido le dieron su apoyo. Para estas avivadas, rápida y fácilmente encuentran consenso. De confirmarse la disposición, queda de nuevo la cancha libre para esta abierta apropiación de recursos públicos.
Y no se quedaron allí. Ante la existencia de un remanente presupuestario, como si les perteneciera, aprovecharon también para la creación de nuevos cargos, recategorizaciones, aumentos salariales a su clientela, y la conformación de un fondo discrecional de 1.000 millones de guaraníes para “funcionamiento de comisiones asesoras”, sin otra justificación o explicación que esa, sin asignaciones específicas, a total arbitrio del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (cartista), para su posterior repartija.
La Caja Parlamentaria es a todas luces abusiva e irresponsable. Si los parlamentarios hacen que el Estado, es decir, toda la ciudadanía, les pague un sueldo vitalicio por ocupar bancas durante solo dos períodos, ¿con qué autoridad moral van a estudiar y aprobar la profunda reforma previsional que el país imperiosamente necesita, empezando por la deficitaria Caja Fiscal, que administra las jubilaciones del resto de los funcionarios?
Para intentar estabilizarse, la Caja Fiscal necesariamente debe reformular sus jubilaciones de privilegio, por ejemplo en el sector docente y en el de las fuerzas públicas. ¿Con qué cara los parlamentarios van a llevar adelante estos cambios si no hay mayor “jubilación vip” que la que se autoconceden a sí mismos?
Ni hablar a nivel general. Los organismos internacionales han advertido que el Paraguay tiene en el horizonte una “explosión de la deuda pública”, que podría llegar al 70% del PIB en los próximos 30 años, si no resuelve urgentemente su grave escenario en el campo previsional. Con un promedio de edad de 39 años en la población económicamente activa y un nivel de cobertura tan bajo de la seguridad social, relativamente pronto habrá, literalmente, millones de personas que habrán pasado su etapa productiva y se quedarán sin ingresos, lo cual aumentará exponencialmente la presión sobre el Estado. Solo para pagar la mitad de un sueldo mínimo a un millón de personas se requieren 2.500 millones de dólares al año, equivalentes a toda la recaudación anual del IVA y al total de los presupuestos combinados de salud y educación.
Para no llegar a esos extremos y comprometer la sostenibilidad fiscal y la propia viabilidad del país, es ineludible universalizar las contribuciones a sistemas de jubilaciones y pensiones, pero ¿cómo, en estas condiciones, los congresistas van a sancionar leyes que exijan a todos los habitantes productivos, sean asalariados, independientes, cuentapropistas o patrones, que aporten durante toda su vida laboral para su futuro retiro, si a ellos les basta con diez años para ser mantenidos por el Estado hasta el fin de sus días?
El obvio resultado es que la clase política ni renuncia a sus privilegios ni cumple su deber con la República, con esta y las siguientes generaciones. Una vez más queda demostrado que la mayoría de los congresistas no están allí para servir a la Patria, sino para servirse de ella.