Clase política está plagada de cínicos defraudadores

El término defraudar está definido por la Real Academia Española como “privar a alguien, con abuso de su confianza o infidelidad de las obligaciones propias, de lo que le toca en derecho”. Algunos de sus sinónimos son estafar, timar, robar. Otro significado es “frustrar, desvanecer la confianza o la esperanza que se ponía en alguien o en algo”. Ambas acepciones le calzan como anillo al dedo a la mayor parte de la clase política en los tres poderes públicos, con el triste agregado de que lo hacen con total desfachatez, apropiándose impúdicamente de los recursos aportados por los contribuyentes y burlándose en la cara del 90% de las fuerzas vivas, que no viven del Estado, pero que trabajan para mantenerlo. El último insultante espectáculo fue el del tratamiento del tema “antinepotismo” en el Senado.

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Por iniciativa popular, con más de 60.000 firmas avaladas por la Justicia Electoral, se había presentado un proyecto de ley que establecía sanciones concretas para la urticante práctica del nepotismo, a raíz de la amplia indignación que provocaron en la ciudadanía los casos de los llamados “nepobabies”, como los de Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR, cartista); Ronald Solinger, hijo del diputado Germán Solinger (ANR, cartista); Elías Godoy, hijo de la diputada Roya Torres (PLRA); Silvana y Liliana Busto, hija e hijastra respectivamente del diputado José Adorno (ANR, cartista); Camila Figueredo, hija del diputado Héctor Figueredo (ANR, cartista); Élida Ríos, hija del diputado Alejo Ríos (PLRA, cartista); Giovanni Divitto, hijo de la diputada Norma Aquino (ex Cruzada Nacional, cartista); Pedro Javier Ortiz, hijo del diputado Pedro Ortiz Torres (ANR, cartista); Yanina, Cindy y Derlis Maidana, hijos del senador Derlis Maidana (ANR, cartista); Danna y Johana Giménez, hijas del diputado Cleto Giménez (PLRA, cartista); y Alejandro Ovelar, hijo del expresidente del Congreso Silvio Ovelar (ANR, cartista).

Sin ningún pudor, siendo que su propio estamento es el que está en el ojo de la tormenta, la mayoría cartista con sus aliados desnaturalizó completamente el proyecto en la Cámara de Senadores, le quitó todo posible castigo para los que se valen de sus influencias para repartir cargos públicos a sus familiares y allegados, y en su lugar aprobó uno anodino, casi declarativo, que no agrega absolutamente nada a lo que de por sí ya está vigente, que todos ya deberían de por sí cumplir y que descaradamente no cumplen.

Y he aquí lo más grave. La restricción y prohibición del nepotismo está plenamente contemplada en la legislación paraguaya, entre otras en la ley de la función pública y en la llamada “ley Godoy” de racionalización del gasto público, pero los congresistas se han autoexonerado sistemáticamente del cumplimiento de esas normativas que ellos mismos cínicamente sancionaron, por lo que no existe ninguna esperanza de que en esta ocasión vayan a actuar de manera diferente.

Subrepticiamente, el Congreso introdujo la expresa excepción de la obligación de atenerse a las citadas dos leyes, para sí mismo y para el Poder Judicial, en el articulado de las leyes anuales de Presupuesto General de la Nación 2021, 2022, 2023 y 2024, todas ellas promulgadas por el presidente de la República, las tres primeras por Mario Abdo Benítez y la última por Santiago Peña.

De hecho, la defraudación y el cinismo tienen su alta cuota en el Poder Ejecutivo, que es constitucionalmente el administrador del Estado y, por tanto, el principal responsable. Santiago Peña, quien en su campaña dijo que para acceder a la función pública es más importante ser miembro del Partido Colorado que tener cualquier título universitario, no solamente intentó minimizar y justificar por todos los medios el grave asunto de los “nepobabies”, la mayoría de los cuales entraron por la ventana durante este Gobierno, sino que, en lo que va de su corta gestión, ha avalado un ingreso récord de nuevos funcionarios sin concurso.

En el último trimestre de 2023, que fue el primero de este Gobierno, el número de asalariados en el sector público creció 2.000% frente a todo el resto del año, un total de 8.237 personas, el doble que en todo el sector privado en el mismo período. Mientras esto ocurre en la práctica, de boca para afuera y con toda caradurez, el Ejecutivo presentó otro proyecto de nueva ley “de la función pública y de la carrera del servicio civil”, con el supuesto objetivo de transparentar la administración pública, asegurar el concurso obligatorio y eliminar las influencias indebidas para acceder a cargos estatales. De más está decir que duerme el sueño de los justos.

El nepotismo y el clientelismo en general constituyen un robo doble. Es un robo directo de recursos al Estado y a los contribuyentes, y es un robo de las justas oportunidades de los paraguayos, incluyendo los buenos funcionarios, que se esfuerzan y se preparan y que ven sus ilusiones frustradas por una caterva privilegiada de parásitos y paracaidistas.

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