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La Contraloría General de la República (CGR) inició el examen de correspondencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas, incluyendo sus rectificaciones, presentadas por la senadora Lizarella Valiente (ANR, cartista). La esposa del intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez, que percibía 6.916.000 guaraníes mensuales netos como funcionaria de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, pagaba cada mes una cuota de 1.736 dólares por una casa sita en Lambaré, que dijo que compró en 2019 por 100.000 dólares, pero en los documentos de transferencia aparece 21 de febrero de 2020. Según la legisladora, para adquirir la casa hizo una entrega de 20.000 dólares, producto de un regalo de su madre –también funcionaria pública– y de su marido. Lo cierto es que en agosto de 2020 –en plena pandemia del covid– esa misma casa aún aparecía en venta en un sitio web de clasificados por ¡360.000 dólares! La legisladora omitió estos detalles en su declaración jurada del año pasado, que rectificó; además, abonaba una cuota mensual de 4.031.293 guaraníes por un préstamo del banco Basa de 72 millones de guaraníes, que contrajo para financiar su campaña de cara a los comicios generales de 2023 y no incluyó en su manifestación de ese año, en el que habría tenido un ingreso anual de más de 101 millones de guaraníes, de origen ignorado; además, para cubrir los gastos de la previa campaña electoral interna, habría obtenido un préstamo por 70 millones de guaraníes de un particular no identificado, omitido en la declaración jurada de 2024.
En verdad, son demasiadas cifras como para olvidarse nada menos que en una declaración jurada, a menos que considere que este documento sea totalmente irrelevante, como en su momento lo consideró el senador Silvio Ovelar (ANR, cartista), expresidente del Congreso. A tanto llega el descaro que el mismo llegó a afirmar que las declaraciones juradas, en materia de financiamiento político, son una “bolaterapia permanente y le engañamos a la ciudadanía”. Está claro, una vez más, que también se la engaña cuando ellas tienen que ver con los bienes y rentas de los legisladores, entre muchos otros.
Según el director competente de la CGR, Armindo Torres, el examen fue abierto porque las declaraciones juradas generan “dudas, sospechas razonables”, razón por la que se pedirán informes a al menos veinte entidades, como bancos privados, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La olvidadiza senadora no incluyó el préstamo dado por el particular anónimo.
El art. 4 de la Ley N° 5033/13 obliga a la CGR a “denunciar ante el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales competentes, cuando los resultados obtenidos en los controles realizados revelen indicios de irregularidades o enriquecimiento indebido, a los efectos de que los mismos inicien los procesos que correspondan”. Es que el art. 243 del Código Penal sanciona con hasta cinco años de prisión a quien dolosamente entregue una declaración jurada falsa a un ente facultado para recibirla. Es bueno recordar estas normas, olímpicamente ignoradas, que apuntan a combatir el enriquecimiento ilícito en la función pública, un delito que supone la previa comisión de otros, como el de lesión de confianza y el de cohecho pasivo agravado o soborno.
La mala fe o la ligereza de los sujetos obligados hace que las declaraciones juradas de bienes y rentas sean de hecho una mera formalidad que se reduce a llenar un formulario. Si se detectan ocultamientos, los autores alegan errores u olvidos y se disponen a corregirlos, como bien lo saben, por ejemplo, el senador procesado Erico Galeano (ANR, cartista) y el expresidente Horacio Cartes; tras publicaciones periodísticas, este último rectificó en 2021 sus declaraciones juradas de 2013 y 2014, dado que, por un “error involuntario”, no había incluido la firma Dominicana Adquisition SA, radicada en Panamá.
Es preciso que los supuestos amnésicos o descuidados dejen de burlarse de la CGR y de la opinión pública, haciendo manifestaciones falsas bajo juramento. La obligación constitucional a ser cumplida al ingresar en la función pública y al abandonarla, estrechamente ligada a la lucha contra el latrocinio, debe ser tomada en serio, para lo cual resultaría además útil que los ciudadanos echen un vistazo a las declaraciones juradas de sus vecinos instalados en el Presupuesto: puede que constaten errores u olvidos nada “involuntarios” a ser castigados si la CGR, el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplen con sus respectivas misiones. Es preciso poner fin a una farsa intolerable.